Vie, 02/16/2018 - 07:05
Marco Romero, director de CODHES.

Aprendizajes sobre víctimas de desplazamiento forzado y el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación: un diálogo con Marco Romero

En el marco del conversatorio sobre Desplazamiento en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación tuve la oportunidad de conversar con Marco Romero, director de CODHES, quien me compartió su perspectiva acerca de las oportunidades y retos relacionados con las nuevas instituciones surgidas a raíz de los acuerdos de la Habana.

El foco tanto del encuentro, reseñado en el siguiente enlace http://www.revistaenfoque.com.co/informes-especiales/reflexiones-acerca-del-conversatorio-de-desplazamiento-en-el-sistema-de-verdad, así como  del dialogo con Romero estuvo puesto sobre la situación de las víctimas en esta nueva etapa de justicia transicional.

Antes de entrar en materia, resulta pertinente llamar la atención acerca del hecho de que durante los paneles que conformaron el conversatorio diversos sectores de la sociedad civil, entre los cuales destacan las mismas víctimas, manifestaron una serie de inquietudes con respecto al acuerdo y su futuro. Las dudas acerca de cómo va a ser la participación efectiva de las personas perjudicadas por los actores armados en el proceso de búsqueda de verdad y restauración, junto con los cuestionamientos con respecto a las garantías que existen para evitar nuevos hechos de violencia, fueron las más punzantes.  

En consecuencia, es posible afirmar que durante el encuentro se percibía en el ambiente una tensión entre el optimismo que implica una coyuntura llena de oportunidades para avanzar hacia la paz, es decir la terminación de más de 50 años de guerra entre las FARC y el Estado colombiano, y los miedos que suscita un Sistema de Justicia que desde ya se ha visto enfrentado a grandes dificultades para lograr sus objetivos. Está disyuntiva no estuvo ausente durante el dialogo con Marco quien, a pesar de reconocer las limitaciones del sistema, fue claro y enfático en que no se deben desechar las ventajas que pueden traer la Justicia Especial Para la Paz -JEP- y la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad -CEV-  en la terminación del conflicto armado.

En este sentido, la finalidad del encuentro propiciado por CODHES y otras organizaciones de la sociedad civil es brindarle apoyo, a través del conocimiento adquirido durante años de trabajo en la defensa de las víctimas, a las instituciones encargadas de llevar a cabo el acuerdo para que estas operen de la mejor manera posible en la restitución de derechos. Pero dicha contribución, también pasa por exigir garantías en los procesos de participación, tanto a nivel metodológico como de seguridad, más aún, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un Estado que históricamente ha sido ineficiente en el cumplimiento de su deber de proteger la población, pues como bien lo indica Romero, las cifras de más de 7 millones de desplazados son prueba de ello.

Con respecto al sistema en sí, por un lado, tenemos que la existencia de una Comisión de la Verdad que busque las causas estructurales de la violación sistemática de los derechos humanos acaecida en el país tiene múltiples ventajas, sobre todo en cuanto al esclarecimiento de los hechos, elemento decisivo para hacer efectivo el derecho a la verdad que las víctimas de desplazamiento forzado y la sociedad en su conjunto tienen. Como bien lo expresa el entrevistado la CEV:

“Tiene un potencial enorme de profundizar en verdades que el país no conoce bien, por ejemplo ¿quién se robó las tierras? Eso no se puede establecer por las sentencias de restitución, porque la ley 1448 básicamente establece que la tierra se debe restituir, pero no que se debe hacer memoria histórica sobre qué pasó con la tierra. Ahora, hay territorios que fueron despojados por sacar la gente, por razones políticas, por razones económicas, por distintas razones; hasta por razones ilegales, gente que decía: hay que establecer minerías o economías ilegales, cultivos ilícitos, (…). Y todas esas verdades es importante que se conozcan”

Además de la contribución a hallar las dinámicas profundas que propiciaron los hechos victimizantes en el territorio nacional, la existencia de la CEV también puede aportar en el conocimiento público de los hechos desde la perspectiva de las víctimas, pues se espera que las audiencias tengan salida a los medios de comunicación masiva. Siendo el objeto de investigación de la comisión, la cual no tiene función judicial, no solo el accionar de las FARC sino de todos los actores involucrados en eventos de violencia.

Por su lado la JEP, con su modelo de justicia restaurativa está llamada a hacer un gran aporte con respecto a la reducción de la impunidad que ha primado en Colombia durante décadas. Sí bien el modelo diverge de la justicia ordinaria al no contemplar penas tan estrictas, lo cierto es que la nueva institución garantizaría, de cumplir a cabalidad con su función, el reconocimiento público y la toma de acciones, para contribuir con la reparación de los daños causados, por parte de los perpetradores de hechos atroces. Esto puede no ser suficiente para muchas personas, pero es un paso hacia adelante, por eso Marco propone que:

“ Midamos lo que van a hacer estos organismos de cara a la impunidad del casi 100% que hay en Colombia. No es que estemos perdiendo un Estado donde la justicia era como la nota del día para pasar a un Estado de injusticias, estamos pasando de un Estado de injusticia estructural a uno de justicia relativa o de justicia restaurativa”.

Ahora bien, para entender el rol de la JEP en su justa medida, hay que tener en cuenta que los entes de la justicia ordinaria colombiana, así como los organismos internacionales, siguen operando en los casos que no se acojan a la jurisprudencia especial o que no estén contemplados en la misma. La metáfora usada durante la entrevista por mi interlocutor, citando a Nelson Camilo Sánchez, resulta potente para explicar esta coexistencia:

“Lo que se generan son distintas ventanillas, por usar una frase de Nelson Camilo Sánchez, que dice: vamos a tener un sistema con justicia ordinaria, con Justicia Especial de Paz, con Corte Penal Internacional y Corte Interamericana”

Los golpes que ha recibido la justicia transicional en diferentes escenarios son innegables. El congreso y la Corte Constitucional han recortado seriamente el acuerdo, sobre todo después de la victoria del NO en el plebiscito que buscaba la aprobación del acuerdo de la Habana por voto popular. El problema respecto a esto es que, según lo dicho por Romero, la revisión del acuerdo en vez de beneficiar a las víctimas ha ido en detrimento de sus derechos:

“El plebiscito fue un golpe muy duro, porque después de esto se revisaron los acuerdos y la revisión de los acuerdos tenía una regla, los presuntos responsables fueron a pedir doble instancia, garantías de todo tipo; nadie fue a pedir garantías para las víctimas allá. Entonces ahí es donde está el problema, está bien que la gente sea juzgada en conformidad con el debido proceso y garantías procesales, pero no puede ser que a nombre de un procesalismo se enreden los derechos de las víctimas. Nosotros creemos que, en una situación de injusticia generalizada, de desprotección, de afectaciones desproporcionadas sobre las víctimas, la prioridad en cualquier ponderación tienen que ser los derechos de las víctimas. Pero los del NO en el fondo privilegiaron una ponderación al revés, los derechos de los presuntos responsables”

 El enfoque adoptado en la revisión del acuerdo resulta preocupante, puesto que el restablecimiento eficaz de los derechos de las víctimas resulta de vital importancia para lograr que lo pactado tenga una legitimidad a nivel social. No obstante, Romero afirma que, de no haber un cumplimiento efectivo de sus derechos, así como un reconocimiento de la verdad por parte de los victimarios las víctimas llevaran sus casos a otras instancias, incluso a nivel internacional, motivo por el que estos recortes a la JEP, que excluye a los terceros vinculados como financiadores o beneficiarios, pueden resultar en penas más duras para quienes no cooperen con el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación.

En consecuencia y para concluir, lo anteriormente expuesto hace evidente la necesidad de participación por parte de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento efectivo de lo negociado en la Habana. Las organizaciones de apoyo a las víctimas, así como las víctimas mismas son quienes han puesto en el tapete las necesidades de estas últimas, muchas veces encontrando incluso resistencias por parte del Estado colombiano. Es por ello que se necesita un rol activo de entidades no gubernamentales, ciudadanos y víctimas en este largo camino del postconflicto que hasta ahora empieza.

 

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