Dom, 08/05/2018 - 08:26
Foto: Cortesía de Amnistía Internacional

“Los asesinatos de líderes sociales son el principal reto de la implementación”: Amnistía Internacional

Fernanda Doz Costa es directora adjunta de Amnistía Internacional en Américas. Dirige la investigación de la organización en la región andina y el cono sur. Es abogada argentina con un Máster en Derecho de Interés Público en la Universidad de New York. Revista Enfoque habló con ella sobre los asesinatos de líderes sociales, la respuesta del Estado frente a esta situación y los retos del nuevo gobierno en materia de protección de Derechos Humanos.

En Colombia se han venido presentado una situación de asesinato y persecución a líderes sociales, a líderes de Derechos Humanos y reclamantes  de tierras en zonas que han sido históricamente de conflicto. Recientemente, Amnistía Internacional ha llamado la atención del presidente Santos y del entrante presidente Duque al respecto y los han instado a “acabar con el silencio cómplice”. ¿Cómo ven la respuesta del Estado colombiano frente a estos asesinatos?

Fernanda Doz Costa: Sí, hemos enviado esta carta abierta al gobierno saliente y al entrante, porque consideramos que este problema debe ser resuelto con una política de Estado y que no debe caerse en el juego de estar a favor o en contra de ciertas políticas públicas. Esto tiene que ver con una sostenibilidad del Acuerdo de paz y con la sostenibilidad de los acuerdos democráticos dentro de Colombia y desde Amnistía consideramos que se trata de una vulneración masiva de derechos humanos y que el silencio del gobierno saliente y el gobierno entrante, que todavía no ha hecho promesas contundentes al respecto, son muy preocupantes porque es el Estado el que tiene que solucionar esta situación tan grave de asesinatos de líderes sociales.

La Defensoría del Pueblo dice que más de 200 personas en todo el territorio nacional han sido asesinadas en los últimos meses. Hay una cifras que dicen que asesinas a una persona cada dos o tres días y es espeluznante.

En Colombia hay un contraste en las cifras que manejan diversas entidades, pero desde la firma del acuerdo de paz estos asesinatos se han intensificado. ¿Cómo perciben la respuesta del Estado colombiano, específicamente la que se de hace unos meses por parte del Ministerio de defensa, relacionando estos asesinatos con “líos de faldas”, además de negar la sistematicidad de los mismos desde la Fiscalía y el Ministerio?

Una de nuestras preocupaciones es precisamente la falta de investigación de estos ataques y de todas las amenazas que varios líderes asesinados recibieron antes y que nunca fueron investigadas ni estas personas protegidas y que muchos líderes continúan recibiendo. Nosotros recibimos todo el tiempo denuncias de líderes sociales que hemos entrevistado, con los cuales tenemos alguna conexión por nuestro trabajo en Colombia y sabemos que estas denuncias han sido presentadas a los distintos mecanismos que tiene el Estado y sin embargo nada ha sucedido. Creemos que tiene que haber investigaciones serias lideradas por la Fiscalía y llevadas ante la justicia. No entiendo cómo puede un representante del Estado colombiano llegar a conclusiones tan livianas. Esos nos preocupa mucho. Para nosotros el patrón está claro, son asesinatos selectivos de personas que tienen un rol de liderazgo en sus comunidades en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño. Allí las comunidades denuncian permanentemente las amenazas, luego aparecen los líderes y las lideresas asesinados y lo que nosotros creemos es que tiene una relación directa con las dinámicas que están cambiando a partir de la firma del Acuerdo de paz. Evidentemente, el Acuerdo de paz ha tenido un impacto muy importante en muchas comunidades pero quienes están denunciando que hay un vacío de poder en estos lugares, en lugares que antes eran controlados por la exguerrilla de las Farc y donde hay ahora hay distintos actores armados de distinto calibre tratando de controlar estos territorios y el Estado no está haciendo nada para proteger a las comunidades que quedan en el medio de este fuego cruzado y criminal.

Minimizar la situación, cuando sabemos que son líderes y lideresas que están luchando por sus comunidades, algunos son representantes de de movimientos de víctimas del conflicto armado, otros luchan por el derecho al agua, por restitución de territorios, en fin, una serie de demandas sociales que tienen que ver con resistir a las dinámicas criminales. Creemos que es muy preocupante y que el Estado no ha dado una señal contundente de estar haciendo algo al respecto.

¿Consideran que estos asesinatos ponen en riesgo la sostenibilidad de los Acuerdos de paz?

Nosotros creemos que esta situación es probablemente el principal reto de la implementación de los Acuerdos de paz, que han sido un paso muy importante en la dirección correcta, que muchas comunidades se sienten sumamente aliviadas frente a estos y van a seguir defendiendo el Acuerdo y nos parece muy importante que así sea. Pero como en todo Acuerdo y e un conflicto armado de más de 50 años por supuesto las cosas no mejoran de un día para el otro, era evidente que iba a haber retos. Hay otros retos que tienen que ver con medidas de no repetición, con medidas de reparación y de protección a comunidades que han estado tradicionalmente olvidadas por el Estado porque ahí donde estaban las Farc y los paramilitares disputando en poder, el Estado se había retirado. Entonces creemos que es uno de los principales retos y que debe asumirse con la seriedad que amerita la situación.

Acabas de mencionar el accionar de grupos guerrilleros y paramilitares en algunos territorios. Tras el proceso de negociación con los paramilitares en 2005, muchos de estos grupos se rearmaron pero el discurso oficial ha sido negar la existencia del paramilitarismo. ¿Cómo perciben esa respuesta y por otro lado las denuncias que ha realizado la comunidad con respecto al accionar de estos grupos?

Sin duda hay señales muy preocupantes que tienen la marca registrada de los peores momentos del accionar paramilitar en Colombia. Nosotros estamos convencidos de eso y creemos que este conflicto actual y el asesinato de líderes sociales es la consecuencia de la reconfiguración de actores, entre ellos los grupos paramilitares y la lucha por las rutas del narcotráfico. Evidentemente estos grupos no han sido desarticulados en su totalidad y siguen amenazando dentro de los territorios y están tratando de conseguir control sobre nuevos territorios donde la exguerrilla de las Farc se ha retirado. También sabemos que hay grupos disidentes dentro de las Farc y otros grupos armados de distinto calibre. Es muy compleja la situación y no pretendemos tener una explicación al respecto, pero sí estamos de acuerdo con que los grupos paramilitares todavía están en el territorio.

Recientemente el partido FARC ha denunciado el asesinato de 66 de sus integrantes desde la firma del Acuerdo de paz y el inicio el desarme. En ese sentido, emitió un pronunciamiento al respecto en el que señala las falencias en los procesos de reincorporación de los excombatientes, además de las garantías de seguridad y jurídicas. ¿Consideran que esto puede afectar al proceso y contribuir a procesos de desarme o de fortalecimiento de las disidencias?

Nosotros somos una organización de Derechos Humanos y no tenemos un posición sobre el conflicto armado en sí mismo y sobre las dinámicas de poder. Evidentemente cualquier tipo de violencia política además del momento tan delicado de transición hacia la paz es preocupante. Nosotros hemos hecho énfasis en los líderes sociales, en los defensores de Derechos Humanos porque pensamos que e sla parte de la coyuntura actual más compleja y que menos ha sido evidenciada y que se toma casi que con naturalidad en Colombia, lamentablemente.

A nosotros nos parece que el mundo, que ha celebrado el Acuerdo de paz en Colombia y lo ha recibido con esperanza, como una situación histórica, tiene que saber que muchas de las persona que están luchando para que esos acuerdos se implementen están siendo blanco de ataques por grupos armados que todavía controlan el territorio. Evidentemente la violencia política para actores que en este momento representan parte de los Acuerdos políticos es siempre preocupante, por supuesto. Muchos analistas concuerdan es que esa es una complicación en la implementación de los Acuerdo de paz.

Con respecto a la participación en política de las Farc y al hecho de que algunos de sus integrantes estén en el Congreso sin haber surtido un proceso en la JEP, ¿creen que esto podría afectar los procesos de justicia y la reparación a las víctimas?

A nosotros nos preocupa que el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz siga delatando su funcionamiento, ese es uno de los puntos claves del Acuerdo de paz sin el cual no habrá una paz sostenible y respeto a los Derechos Humanos en Colombia. La impunidad sobre los crímenes ocurridos durante todo el conflicto armado no es una opción. Ahora bien, las otras facetas del Acuerdo que tienen que ver más con concesiones y negociaciones políticas, sobre eso no tenemos una opinión oficial desde Amnistía.

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, ¿qué políticas debería adoptar el Estado colombiano para proteger a los lìderes sociales?  Muchas de las denuncias tienen que ver con que las medidas de protección son insuficientes y es difícil acceder a ellas

En la actualidad la carga para solicitar las medidas de protección al Estado muchas veces recae en las mismas personas amenazadas, que muchas veces viven en lugares apartados del país y que se deben enfrentar a un sistema que está centralizado y que es muy ajeno a sus contextos. Muchos de ellos no quieren tener guardias, por ejemplo, o meter en sus comunidades a personas en las cuales no confían y creemos que las medias aún no responden a las necesidades del terreno. Muchas veces son comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas y las medidas no responden a las condiciones de dichos lugares donde más violencia se reporta tras la firma de los Acuerdos de paz que a su vez coincide con los lugares que más sufrieron durante el conflicto armado.

Creemos que el Estado debe implementar mecanismos descentralizados, que respondan de manera inmediata, con medidas de ràpida acción, de alertas tempranas, las cuales de hecho son emitidas por la Defensoría de Pueblo, que sí está descentralizada pero que no parece que tuviera una interlocución muy clara y una respuesta pronta entre estas alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las medidas de protección.

Fundamentalmente una de nuestras recomendaciones es que estas medidas de seguridad tienen que ser culturalmente adecuadas y para eso se tienen que discutir con los líderes y lideresas y con las comunidades que están siendo amenazadas. No se puede pensar desde Bogotá qué medidas servirían en el Chocó y mandar, como se dice en inglés, un chaleco que les sirva a todos, porque no es lo mismo, las dinámicas son muy diferentes y las medidas tienen que ser adecuadas a las dinámicas de cada uno de estos territorios. Insisto, para nosotros una de las medidas más importantes es que se acabe con la impunidad, no sólo la impunidad durante la época del conflicto armado, sino sobre todo ahora. Un mensaje muy claro que puede mandar el Estado colombiano es que no va a tolerar asesinatos de líderes y lideresas y para esto tiene que tener toda la fuerza de la ley y a justicia para determinar los autores materiales e intelectuales de estos ataques y de estos asesinatos y llevarlos ante la justicia. Esa es la mejor manera de evitar que estos asesinatos continúen y que los grupos armados que está ejerciendo esta violencia dejen de sentir que pueden actuar con total impunidad y que nada les va a suceder si asesinan a líderes sociales.

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad de oro para decir que durante su mandato esto no va a ser tolerado y luego mandar acciones concretas para que esto así sea.

Hablando del nuevo Gobierno: ¿ven voluntad política en este para atajar esta situación y para continuar implementando el Acuerdo de paz?  

Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Hay que darle el chance al Gobierno de que asuma y que con acciones concretas demuestre que realmente va a haber un cambio en este sentido. Creemos que el presidente entrante sabe que la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Colombia en este sentido.

No son solamente las organizaciones de Derechos Humanos y Naciones Unidas quienes están mirando a Colombia, es el mundo entero, es el Congreso de Estados Unidos: son sus socios comerciales y estratégicos. No creo que le convenga a nadie que la situación se siga deteriorando en Colombia, todo lo contrario, no le conviene a los colombianos. El mundo entero está mirando y este presidente creo qe sabe que puede dejar su marca en ese sentido. Esperamos que así sea y vamos a darle un tiempo antes de juzgar su política pública. En general los primeros 100 días son claves para marcar el rumbo de un Gobierno entonces Amnistía Internacional y la comunidad internacional en general van a estar muy atentas para ver cómo este nuevo Gobierno enfrenta este desafío, si lo hace de manera democrática y con respeto a los Derechos Humanos o si va a seguir ignorando el asesinato de líderes y lideresas si hacer nada al respecto y entonces va a mandar un mensaje muy claro sobre la falta de voluntad política.

 

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