Dom, 02/04/2018 - 20:41

Reflexiones acerca del Conversatorio de Desplazamiento en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación

En Colombia hay más de 7 millones de desplazados, lo que implica que alrededor del 90% de las víctimas del conflicto armado en el país han sido obligadas a dejar sus lugares de residencia. Es debido a ello que resulta de vital importancia tener en cuenta la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado en la coyuntura actual, marcada por la firma de un tratado de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP con el objetivo de dar fin a más de 50 años de guerra entre ambos bandos.

En consecuencia, los pasados 1 y 2 de febrero, se llevó a cabo un conversatorio sobre desplazamiento forzado en relación con el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación estipulado en los acuerdos de la Habana. El encuentro fue organizado por diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional, con la finalidad de brindar información y sugerencias a las instituciones vinculadas con la puesta en marcha de lo pactado en las negociaciones, así como a las organizaciones de personas afectadas por el conflicto.

Ahora bien, me resulta imposible dentro del presente artículo mostrar en detalle todas las discusiones entre académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, representantes de entidades públicas y víctimas que se dieron a lo largo de los 7 paneles que conformaron el evento. Sin embargo, quisiera dar a conocer los temas, preocupaciones y conclusiones más relevantes de estos dos días de debate.

En primer lugar, está el reconocimiento del desplazamiento forzado como un hecho estructural en Colombia donde, además de la lucha armada, el modelo de desarrollo económico imperante es un factor determinante para el surgimiento y continuidad de esta problemática. Es por ello que resulta de vital importancia tener en cuenta las dinámicas que se esconden detrás de este fenómeno, si se quiere lograr la reducción significativa de hechos que lleven a la reproducción del mismo. Por lo tanto, dentro del sistema de justicia transicional propuesto en los acuerdos con miras a lograr una paz estable y duradera, el esclarecimiento de la verdad es fundamental.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición consta de tres mecanismos, judiciales y extrajudiciales, a saber: La Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, La Jurisdicción Especial Para la Paz -JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-.

Estos tres mecanismos son independientes y sí bien sus funciones son complementarias, están claramente delimitadas y no deben ser confundidas, principalmente en lo que respecta a la JEP y a la CEV. La JEP tiene como finalidad impartir sentencias a individuos responsables de actos de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos, su función por ende es judicial.

Por su parte la CEV busca develar las causas profundas del conflicto armado interno colombiano, ya no poniendo el foco sobre las acciones concretas de personas implicadas, sino sacando a la luz las estructuras económicas, culturales, políticas y sociales que han propiciado la violencia en el territorio nacional; los documentos realizados por la comisión no servirán para imputar cargos, siendo su papel en el proceso netamente extrajudicial.

A pesar de que cumplen distintas tareas, en el conversatorio se hizo hincapié en la necesidad de que exista coherencia entre los relatos de la CEV y la JEP, es decir que haya una continuidad en la interpretación que se hace desde ambas instancias de los hechos violentos, puesto que responden a un mismo sistema. Los nuevos organismos, fueron creados basados en un concepto de justicia restaurativa, es decir que se concibieron bajo un modelo de acción que atienda al cumplimiento y restablecimiento de los derechos de las víctimas, sobre todo en lo que respecta a la verdad y la memoria, como eje central de su existencia. Este planteamiento contrasta notablemente con el modo como la justicia ha sido abordada tradicionalmente en Occidente y particularmente en Colombia, puesto que la opción punitiva que se suele manejar pone en primera instancia el castigo a los criminales, dejando así en un segundo plano el bienestar de las víctimas.

Puesto que resulta utópico pensar que todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en el marco del conflicto armado, puedan ser juzgados de manera individual, un gran número de agresiones se quedaran por fuera de la justicia transicional. En consecuencia, durante el encuentro se llamó atención acerca de la importancia de lograr que los criterios de selección de casos se hagan públicos y sean transparentes. Aún se desconoce cómo será tratado el tema del desplazamiento forzado dentro de los juicios, y si se le dará la relevancia que su magnitud implica.  

Por otro lado, resulta pertinente recordar que El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendrá que coexistir con otras instancias institucionales. Por ejemplo, no se debe olvidar que la justicia ordinaria sigue operando para los guerrilleros que no se acojan a la JEP; en el caso de los terceros vinculados con el conflicto armado, estos tendrán la potestad de decidir si quieren acudir a los tribunales especiales, de no ser así sus faltas pueden entrar en el sistema penal ordinario colombiano. Tampoco se puede soslayar el hecho de que existen mecanismos de reparación y atención a las víctimas previos a las negociaciones con las FARC.  

En cuanto a la labor de la CEV es importante tener en cuenta que ha habido estudios previos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que aportan a la comprensión de la violencia estructural, motivo por el cual empezar la investigación de ceros sería totalmente contraproducente. Además de la CEV, en Colombia existen otros organismos que se encargan de sacar a la luz las memorias del conflicto armado, tales como el Centro Nacional de Memoria Histórica; la relación entre estas instancias con las nuevas instituciones se esperaría que fuera de cooperación, aunque esto está sujeto a diversas variables.

Otro punto sensible tratado en el conversatorio es el momento que vive el país y su relación con los acuerdos. Sería irresponsable soslayar el hecho de que, aún hoy en día, sigue habiendo desplazamiento forzado en el país, a pesar de la dejación de armas por parte de las FARC. Además de ello, la actualidad política y las elecciones venideras resultan de gran relevancia para el efectivo cumplimiento de lo pactado en la Habana, teniendo en cuenta la existencia de sectores que se oponen a como ha sido planteada la justicia transicional y que parecen no tener interés en el esclarecimiento de la verdad.

Sin embargo, sería inapropiado situar las dudas con respecto a la justicia transicional únicamente en grupos políticos, sociales y económicos que se verían perjudicados por la revelación de los hechos de violencia y sus causas. Pues la población colombiana, como bien lo hizo explicito uno de los panelistas del evento, viene de un desgaste emocional de larga data con respecto a las promesas de paz.

Incluso las mismas víctimas tienen reparos acerca del modo como hasta ahora ha sido llevado el proceso de creación del nuevo Sistema. Alegan que su participación ha sido bastante marginal con respecto a lo esperado de una justicia que -al menos en teoría-  pone en el centro de su razón de ser la reparación a las personas violentadas. En este sentido, desde las distintas organizaciones y asociaciones se cuestiona el hecho de que, si bien hasta cierto punto algunas víctimas han sido escuchadas en la implementación de “la paz”, las decisiones siguen siendo tomadas por personas ajenas a ellas. De hecho, falta claridad acerca de la forma en que se hará la reparación y cómo será la participación de los sujetos a reparar en lo sucesivo.

Por otra parte, la falta de garantías aún hoy es un problema de suma gravedad, las víctimas temen un nuevo hecho de violencia en su contra, teniendo presente que estamos ante un Estado que no ha respondido históricamente a su papel de protector de la integridad de la población, lo anterior constituye una seria amenaza a la búsqueda de verdad y justicia.

No obstante, en lo general se llegó al consenso de que esta coyuntura representa una oportunidad de gran magnitud para el país. El llamado es a la acción, a trabajar en conjunto con estos nuevos mecanismos, así como con los preexistentes, para poner en el tapete temas históricamente ocultados tales como: el racismo, la violencia de género, el atropello a distintas comunidades y la diversidad de interpretaciones del territorio que hay en Colombia; buscándose así una paz realmente estable y duradera.

Por ultimo quisiera cerrar con una reflexión hecha por uno de los panelistas, Pablo Abitbol, quien en su intervención expuso que, si bien desde las ciencias sociales se suele indagar acerca de cómo las estructuras sociales condicionan a los mecanismos judiciales, no se ha estudiado lo suficiente la manera en que estos mecanismos pueden contribuir a la modificación de las estructuras, representando la justicia restaurativa una oportunidad para cambiar la cultura meramente punitiva que impera en el derecho colombiano e internacional.

There are 2 Comments

Excelente artículo! Concuerdo con todo el debate que de forma resumida se describe aquí (imagino que el conversatorio estuvo cargado de profundos temas y discusiones). Las reflexiones son muy buenas, sin embargo, me queda el sinsabor entonces de lo que podríamos rescatar y resaltar del Sistema. Si bien hay que hacerle muchos reparos (los que se describen aqui ya son bastantes) hay que reconocer que el Sistema busca al fin ir más allá del hecho delictivo y punitivo, sino también reconocer el porqué para subsanar esas razones y no volver a caer en la violencia; agregaría también que hacen parte de este sistema las medidas de reparación (que ponen en el centro a las víctimas) cómo lo son los actos de reconocimiento de responsabilidad, entre otros.

Hola Ana, Muchas gracias por tu comentario!. Los paneles de discusión están disponibles en vídeo en la página de Facebook de CODHES Consultoría. Tienes razón, pasar de una justicia netamente punitiva a una de carácter restaurativo es un cambio cualitativo importante que, en mi opinión, puede contribuir de forma contundente a lograr la terminación del conflicto; a eso quise apuntar con la reflexión final del artículo. El reconocimiento de responsabilidades es fundamental también para lograr la restauración de las victimas y el derecho a la verdad que como sociedad tenemos; sin embargo, hechos como el fallo de la Corte Constitucional que hace voluntaria la participación de terceros implicados como financiadores o beneficiarios , puede ser un duro golpe a esta tarea de esclarecer los hechos. En lo personal del conversatorio salí con mas dudas que certezas, no obstante hay que reconocer que este nuevo sistema es una oportunidad inédita para reducir significativamente los hechos de violencia en Colombia.

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