Vie, 12/29/2017 - 07:25

Más de $18 mil millones fueron invertidos en las víctimas del conflicto armado en 2017

Balance 2017.

Más de $18.000 millones destinados a diferentes programas que benefician a las víctimas del conflicto armado en 2017 es el balance inicial del último Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del año, en donde fueron presentados algunos avances de la implementación de la política pública de víctimas durante el 2017 en Cundinamarca.

Como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a la población Víctima (Snariv), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), a través del programa “Familias en Acción”, logró una inversión superior a los $11.400 millones, que benefició con estrategias de empleo y emprendimiento a más de 18 mil familias del departamento.

Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), del Gobierno Nacional, puso en marcha los Centros Regionales de Atención a Víctimas en los municipios de La Palma, Viotá y Soacha, con una inversión conjunta -Nación, departamento y municipios- de más de $7.300 millones.

“Celebramos el reconocimiento recibido por parte de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que nos denomina aliado estratégico, siendo el primer departamento en aplicar las políticas de reintegración para la recuperación del tejido social. En enero de 2018 adelantaremos nuestro primer CTJT para aprobar el Plan de Acción Territorial, que será nuestra hoja de ruta para incluir temas sensibles sobre los cuales redoblaremos esfuerzos”, manifestó el gobernador Jorge Rey.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha atendido el 88% de las 3.105 solicitudes recibidas, de las cuales 84 corresponden a los municipios de La Palma, San Juan de Rioseco, Viotá, Yacopí, Arbeláez, El Peñón y Pacho; además 315 hectáreas cuentan con orden de restitución en Cundinamarca, lo que favorece a 494 personas. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) resaltó sus programas de formación, en los cuales se ha garantizado el acceso preferente para la población víctima, incluyendo a cerca de 400 personas entre jóvenes y adultos. Además adelantó procesos de intermediación laboral y desarrollo productivo, gracias a la formulación de 30 planes de negocio.

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