Jue, 09/20/2018 - 08:42
Foto: opiac.org.co

Estigmatización y consulta previa

El derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa ha ocupado un espacio reciente en la agenda pública debido a un proyecto de ley. La iniciativa legislativa, que fue tramitada la semana pasada por el partido Cambio Radical, tiene como meta regular ese derecho estableciendo su alcance y objeto. Asimismo, busca reglamentar los procesos de negociación relacionados con actividades de explotación y obras de infraestructura, delimitando obligaciones y responsabilidades para cada una de las partes.

Por lo general, quienes participan activamente en estas negociaciones son los funcionarios públicos, los representantes de las empresas y las comunidades junto con sus respectivas autoridades. El propósito de una reunión de consulta previa es, siempre, crear una compatibilidad entre los proyectos que generan desarrollo y la gobernanza de los grupos étnicos sobre sus territorios. 

Con respecto a desarrollos normativos anteriores, como los incluidos en el Decreto 1320 de 1998, el proyecto de ley planteado por Cambio Radical profundiza cuestiones como la definición de consulta previa y los principios que orientan su materialización. Entre estos se encuentran las nociones de “eficiencia” e “interés general”. Además, introduce el Registro Único de Pueblos (RUP) y determina qué son los pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, roms, palenqueros y raizales. Por último, incorpora un “test de proporcionalidad” que opera cuando estos han sido “renuentes” o han dejado el proceso de consulta previa. Así, el Estado dirime el conflicto y toma decisiones sobre los proyectos, actividades y obras que se realizarán en los territorios.

El proyecto de ley sobre consulta previa se muestra como una alternativa al supuesto uso abusivo de los mecanismos de participación por parte de comunidades rurales. Sin embargo, este proyecto no tiene otro objetivo que estigmatizarlas y criminalizarlas por ejercer sus derechos colectivos. Así, se garantizan proyectos, actividades y obras de explotación e infraestructura, sin importar que validen la erradicación de formas de gobierno, organización social y subsistencia económica de los grupos étnicos.

Lo anterior se refleja en dos ideas que subyacen al proyecto de reglamentación de consulta previa presentado por Cambio Radical. Estas son, a saber: (1) que el derecho fundamental a la consulta previa y los grupos étnicos son enemigos del desarrollo económico del país, y (2) que los grupos étnicos no son colectividades políticas y que sus integrantes tampoco son ciudadanos, sino simplemente “consultantes”. Al concebir a las comunidades como entes pasivos beneficiarios de la acción estatal y la buena fe de las empresas, el proyecto de ley reproduce el racismo. Dado que este también carece de una lectura intercultural sobre cómo los grupos étnicos construyen su identidad, la definición de “pueblos” que expone no es más sino un estereotipo que no responde a las realidades actuales de las comunidades. Indudablemente, esto reforzará cada vez más la exclusión política.

En una columna de opinión, Germán Vargas Lleras –líder de Cambio Radical y excandidato presidencial– expuso las motivaciones para presentar el proyecto de consulta previa. En este texto afirmó que las comunidades indígenas y afrocolombianas han impedido el desarrollo de obras de infraestructura por medio de movilizaciones y protestas. Apelando a ejemplos donde opone la organización colectiva de los pueblos y proyectos fallidos, Vargas Lleras posiciona la idea de que las comunidades étnicas son enemigas del desarrollo puesto que ejercen abusivamente sus derechos de participación. De ahí que sea necesario regular la consulta previa, que es uno de los mecanismos que emplean las comunidades para defender sus territorios de la expropiación. Ciertamente, desde la perspectiva de Vargas Lleras “reglamentar la consulta” equivale, más bien, a impedir el ejercicio de los derechos de los grupos étnicos. Se atrae el capital a punta de expropiación y erradicación cultural de los indígenas, afrocolombianos, rom, raizales y palenqueros. Cambio Radical y su líder son la representación directa de las empresas que buscan explotar y construir despojando los territorios étnicos. No representan a la ciudadanía en absoluto.

Convertir a los grupos étnicos en enemigos del desarrollo conduce a la criminalización de sus prácticas culturales, formas de gobierno y sistemas de justicia. Y esto no soluciona el problema de fondo: existen discrepancias en torno al modelo de desarrollo del Gobierno colombiano. No tomar en serio este hecho pone en riesgo la pervivencia de estos grupos y genera nuevos conflictos, cuando lo que se desea es construir la paz a largo plazo. Como lo sostuvo el senador Feliciano Valencia en una entrevista reciente, el problema no es la consulta, sino que los recursos que se han generado en el país terminan en los bolsillos de unos pocos.

El tratamiento que el proyecto de ley da a los grupos étnicos es preocupante porque reproduce el racismo. En todo el texto las comunidades son tratadas no como sujetos colectivos con derechos, sino como simples consultantes. El derecho a decir no, a vetar una iniciativa conforme a su propio gobierno y justicia autónoma, es aniquilado por este proyecto de ley. Adicionalmente, se pone toda la carga del éxito del proceso en las comunidades. Son estas y sus representantes quienes deben demostrar que están interesados en hacer la consulta, y evidenciar que ni son reticentes ni han renunciado. Esto desconoce que muchas de las razones que llevan a una comunidad étnica a dejar una iniciativa de consulta previa es que el Estado no provee garantías para la participación plena. Además, ignora el principio de autonomía bajo el cual estas se rigen y que ha sido amparado por la Constitución. 

La definición de “pueblos” que plantea el proyecto de ley para introducir el RUP es igualmente problemática porque corresponde a un estereotipo. Se trata de una concepción fija, esencialista e impuesta por el partido y las empresas. Esto evidencia que a este proyecto de ley evidentemente le faltó una perspectiva intercultural. El texto contempla que sólo serán reconocidos como pueblos indígenas, tribales, afrocolombianos, roms, palenqueros y raizales aquellos que se puedan incorporar al RUP. Para esto, establece los siguientes parámetros: (1) la autodeterminación verificada y el vínculo comunitario: (2) los estilos tradicionales de vida; (3) la cultura y el modo de vida diferentes a los de otros segmentos de la población nacional; (4) la organización social y la existencia de costumbres propias, y (5) la presencia de normas tradicionales propias. Mi experiencia investigando la participación política de mujeres y pueblos indígenas en ciudades y territorios rurales me ha mostrado que solo unos pocos cabildos, resguardos y parcialidades llegan a cumplir con todas esas características. Para empezar, muchos pueblos indígenas no conservan sus modos de organización social iniciales. Otros ya no tienen ni su lengua ni su vestido a causa de la avanzada colonialista. Todo esto conduce a la exclusión de los indígenas, lo cual iría en contravía al Estado de Derecho.

En conclusión, considero que el proyecto de ley radicado por el partido de Germán Vargas Lleras no responde a las aspiraciones y derechos de las colectividades étnicas, sino a los intereses de las empresas interesadas en generar ingresos a partir del despojo. La aprobación de este proyecto conduciría a una legalización de la exclusión y a una persecución de los pueblos indígenas, rom, afrocolombianos, palenqueros y raizales por ejercer sus derechos colectivos sobre el territorio. En este momento urge hacer una defensa de los derechos políticos de los grupos étnicos en Colombia, y para esto la movilización política es clave.

Vivian Martínez Díaz

@VivianMartDiaz

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