Jue, 05/17/2018 - 07:27
Foto elespectador.com

Hacia una defensa de la vida de los líderes sociales en Colombia

La organización Front Line Defenders ha venido reportando las agresiones y violencias que tienen lugar contra líderes y activistas de derechos humanos en distintos países del mundo. En su informe anual, la organización explicó que quienes luchan contra empresas multinacionales destructivas, conservadores religiosos, dictaduras y regímenes opresivos están siendo objeto de estrategias coordinadas de difamación, criminalización y violencia.

El propósito de estas estrategias es silenciar y callar la voz de hombres y mujeres que defienden el medio ambiente, el territorio y los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Así, Front Line Defenders reportó que en el año 2017 fueron asesinados 312 activistas de derechos humanos en 27 países. El 80% de los crímenes ocurrieron en Brasil, Colombia, Filipinas y México.

Diversos diarios, portales periodísticos y organizaciones sociales han informado sobre el incremento de los asesinatos de líderes y activistas en Colombia. Se sabe que este aumento se dio principalmente después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc-EP, y que los crímenes son evidentemente sistemáticos. Muchos de estos ocurren simultáneamente y se extienden por todo el territorio nacional, pero no existe información suficiente acerca de cómo, por qué, y sobre todo, quién los perpetró. Algunos expertos han identificado como causa principal de los crímenes la disputa por reapropiación de territorios anteriormente ocupados por las Farc-EP, en la cual han intervenido bandas criminales, paramilitares y otras guerrillas. En esto, nuevos despojos, desplazamientos y violencias contra las comunidades se han generado. Front Line Defenders ha identificado que los líderes, activistas y defensores de derechos humanos asesinados en el país se encontraban comprometidos con labores comunitarias en sus respectivos territorios. Muchos de ellos hicieron trabajo pedagógico por la paz en sus propios colectivos.

Ante el recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales en Colombia, la respuesta estatal ha sido insuficiente. En una investigación periodística de noviembre de 2017, ¡Pacifista! mostró que gran parte de los casos estaban en fase de indagación y que muy pocas sentencias condenatorias se habían emitido hasta ese entonces. Además, aparte de la impunidad dominante, algunos funcionarios estatales tienden a desestimar la gravedad de los hechos. Por ejemplo, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas negó la sistematicidad de los asesinatos y agregó que estos se debían a temas de “faldas”, peleas, linderos y rentas ilícitas. Hoy el Estado colombiano no puede negar más la magnitud del exterminio de los líderes sociales, puesto que el tema está en la mira de la comunidad internacional. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la Onu  instó al Estado a tomar medidas efectivas para hacer justicia frente a los crímenes.

En el periodo electoral actual algunos temas de la agenda pública se posicionan más o menos que otros. Unos ganan visibilidad a través de la acción de los medios de comunicación y otros pierden relevancia a medida que se desarrollan las campañas presidenciales. La atención pública está puesta en los pronunciamientos y las propuestas de los candidatos, en su retórica y en las contradicciones de sus discursos. En este escenario, la importancia de asuntos como el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia se desvanece y los esfuerzos colectivos para hallar justicia pierden fuerza. De ahí que se necesite reivindicar la importancia que tienen los activistas, líderes y defensores de derechos humanos en países violentos y extremadamente desiguales como Colombia.

Estos actores, sea en el marco de acciones colectivas o movimientos sociales, cumplen una función esencial en países como el nuestro. Para empezar, en entornos donde las violaciones a los derechos son repetidas, los activistas, líderes y defensores contribuyen a desmontar opresiones. Ellos resaltan la existencia del racismo, el clasismo, el sexismo y la homo/lesbofobia, y proponen alternativas de transformación social para lograr la igualdad. Paralelamente, por medio de iniciativas específicas, aportan a una distribución equitativa del poder en la toma de decisiones sobre planes y programas en territorios habitados por indígenas, afrodescendientes y campesinos. Además, a partir de su experiencia local producen conocimientos útiles para transformar las políticas públicas. Con esto, nos enseñan que existen diversos estilos de vida y culturas que urge proteger.

Por lo anterior, es importante que como sociedad nos comprometamos con la defensa de la vida de los líderes y activistas en Colombia. No sólo es necesario unirnos a los esfuerzos  vigentes de reclamación de justicia ante el Estado, sino también pensar detenidamente nuestro voto. ¿Qué propuestas de gobierno permiten esta defensa de la vida y la repartición equitativa del poder entre todos los actores de la sociedad?, ¿cuáles de estas garantizan el acceso igualitario y efectivo a la justicia?, ¿qué candidato impulsa y propicia mejores entornos para ejercer los derechos a la asociación, la protesta y la libre expresión? Interrogarnos sobre estas cosas nos conduce a una reflexión sobre la política a largo plazo y evita que en medio de las vicisitudes electorales perdamos de vista los temas fundamentales para la consolidación de la paz, la igualdad y la justicia.

Vivian Martínez Díaz

@VivianMartDiaz

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