Dom, 05/06/2018 - 04:56
Fotografía tomada de pulzo.com

Iván, el terrible

El candidato Iván Duque se presenta como el candidato de los jóvenes, pero lo rodea lo más rancio, anquilosado y retardatario de los estamentos del poder. Mientras el mundo occidental, del que Colombia se precia ser parte, avanza hacia el respeto, la inclusión, el reconocimiento por el otro, la diversidad y la pluralidad, Duque suma apoyos para su campaña de los sectores más reaccionarios del establecimiento.

En primer lugar, es claro que Duque es el candidato de Álvaro Uribe. Por más que inflen su hoja de vida con logros académicos inexistentes y le sumen méritos a su corta carrera laboral -que se resume en una corbata en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una curul en el Senado que alcanzó arrastrado, como no, por el mismo Uribe-, sin duda es el candidato de menos experiencia en cargos administrativos en el sector público. Esto lo hace el habitáculo perfecto para que Uribe gobierne en cuerpo ajeno. Nada mejor para el expresidente (presidente eterno, según Duque), que un párvulo sin experiencia en la Casa de Nariño que tenga toda la vitalidad para ejecutar su tercer mandato y para que abra la puerta de una dictadura disfrazada de democracia al mejor estilo venezolano, esa, a la que tanto le temen los uribistas.

En segundo lugar, las propuestas de Duque son peligrosamente represivas y totalitarias. Por ejemplo, unificar las Cortes en una sola gran Corte, lo que Duque ha disfrazado en los debates de eficiencia administrativa y judicial, esconde el deseo del uribismo para poder controlar la Rama Judicial del Poder Público, la única que se muestra esquiva a su dominio para el próximo cuatrienio, teniendo ya una cantidad significativa de curules en el Congreso y dando pasos agigantados hacia la Casa de Nariño con Duque, es decir, con Uribe.

Cuando Uribe presentó ante los medios la propuesta de unificar las Cortes estos fueron sus argumentos: “ustedes saben las dificultades que tuve con un sector de la Corte (…) yo hice unas denuncias desde que estaba en el Gobierno, por esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel (sic), creemos hoy, que debe haber una sola Corte…” (mire las declaraciones completas al final de esta columna). Es obvio que lo que le molesta a Uribe de las Cortes no es su ineficiencia, sino las dificultades que tuvo con un sector de la Corte Suprema y que tiene compañeros en la cárcel. No hay disimulo alguno para evidenciar que la idea de una sola Corte y revocar todas las Cortes existentes como lo propone, no tiene ninguna intención de eficiencia institucional y reducción burocrática, sino un claro interés en controlar esa Corte confeccionada a su imagen y semejanza para evitar las decisiones que son adversas a su grupo político. Uribe habla de una Corte de personajes reconocidos de más de cincuenta o sesenta años. Es decir, a Uribe le parece que no hay impedimento alguno para que una persona de 41 años sin mayor experiencia ocupe la silla presidencial, pero si es para conformar una Corte, su Corte, es necesaria la experiencia contada en años.

Las posturas de Duque también resultan preocupantes a la hora de abordar el tema judicial. Cuando le interrogan sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada con las FARC en los acuerdos de La Habana, no duda en afirmar con vehemencia que no permitirá la impunidad y que “el que la hace la paga”. Pero cuando le hablan de algún copartidario con líos judiciales habla de persecución política, como en el caso de Andrés Felipe Arias, sobre el que pesa una sentencia condenatoria de 17 años de cárcel por peculado para favorecer a terceros, del que Duque dice “es excesivamente perseguido”. Y cuando le preguntan por los procesos que avanzan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o en la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, no vacila en manifestar que “no duda de la honorabilidad de Uribe”, “que se hace moler por Uribe” y “que mete las manos al fuego por Uribe”. No deja entrever que vaya a permitir que esos procesos avancen para esclarecer los hechos por los cuales se investiga Uribe, quien tiene casi 300 procesos cursando en su contra. Algo similar manifestó sobre Luis Alfredo Ramos, quien muy seguramente será condenado por la Corte Suprema por colaboración con grupos paramilitares. Es decir, para Duque el que la hace la paga, excepto si ese alguien es de su partido político. Ese carácter selectivo de la justicia hace pensar con preocupación en la intención inequívoca que tiene el uribismo para apropiarse de la Rama Judicial del Poder Público a través de la unificación de las Cortes, para poder manejar esa única Corte a su antojo y que no haya “compañeros” en la cárcel. En contraste, es fácil suponer que esa Corte será una herramienta de persecución en contra de la oposición, al mejor estilo de Maduro en Venezuela.

Por otro lado, la penalización del consumo de dosis personal de droga que propone Duque es una involución frente a la tendencia mundial de asumir el problema de las drogas como un asunto de salud pública, control y prevención. Criminalizar al drogadicto no soluciona el problema del consumo y, por el contrario, limita todas las medidas disuasivas y de inclusión que llevan al consumidor a dejar la droga con base en programas gubernamentales de asistencia como sucede en Holanda, Canadá y muchos otros países que van camino a la legalización para desestimular los precios exorbitantes de la droga en el marco de la clandestinidad.

En tercer lugar, los apoyos políticos e ideológicos que recibe Duque, como el de Alejandro Ordoñez o Viviane Morales, permiten prever que el gobierno de Duque será el gobierno de la discriminación y la intolerancia. Para nadie es un secreto el carácter marcadamente teocrático de gobierno tanto de Ordóñez como de Morales, que restringe al límite de lo inaceptable los derechos de las minorías de orientación sexual distinta, al desconocer que la orientación sexual no es una imposición religiosa, sino una condición personal que debe ser respetada y a la que se le deben dar todas las garantías de desarrollo e inclusión. Esto, dentro del marco de un Estado laico y secular como está consagrado en la Constitución de 1991, en donde se establece el respeto a la libertad de cultos y la protección de las minorías. En un país mayoritariamente católico y cristiano, en el que aún se viven con intensidad las secuelas de la colonización española no solo por el idioma, sino en general por la cultura y especialmente por el legado de la religión, dejar los derechos de las minorías a merced de las mayorías alentadas por el Poder Ejecutivo en el que seguramente estarían Ordoñez y Morales, será sin duda un atentado contra las libertades individuales y un retroceso peligroso frente a todos derechos que las minorías han ganado a pulso durante décadas de lucha legítima. A esto sumémosle la posible desaparición de la Corte Constitucional, garante de estos derechos, si toma vuelo la idea del uribismo de suprimir las Altas Cortes.

En cuarto lugar, es claro que Duque, es decir, Uribe, es la representación más radical del establecimiento como está definido en Colombia: En la cúspide estrecha, unas élites poderosas que acaparan poder, tierra y riquezas. En la base amplia, una sociedad empobrecida, pusilánime y sumisa que se conforma con migajas y que protege a esas mismas élites. Y sosteniendo esa estructura, una corrupción de todos los estamentos de la sociedad, en donde las élites prometen a través de los políticos resolver las necesidades que ellos mismos han creado al generar unas brechas de desigualdad insuperables. Las élites están sostenidas por la corrupción que promueven y por unas bases necesitadas cuyo criterio es inversamente proporcional a su ignorancia. Por eso la propuesta más visible de Duque en el campo económico es la exención de impuestos para los grandes capitales. El supuesto es que esto generaría más capacidad en los empresarios, lo que incrementaría el empleo y la productividad. Eso es falso. La evidencia histórica permite ver que entre menos impuestos se pone a los grandes empresarios en Colombia, generan mayor utilidad para ellos, pero ello nunca redunda ni en más puestos de trabajo ni en mejores condiciones para los trabajadores. Eso es un sofisma. En otras palabras, esta estrategia ampliaría las brechas de desigualdad, generaría mayor dependencia de los pobres con respecto de los ricos y el establecimiento garantizaría 200 años más sostenidos sobre esa corrupción estructural imposible de derrotar. En el gobierno de Uribe ya se experimentó la pauperización de las condiciones laborales de los trabajadores suprimiendo las horas extras y ampliando la jornada laboral, lo que solo mejoró la capacidad de explotación de los empresarios.

La única juventud de Duque la lleva en sus años e inexperiencia. De resto, representa la versión más arcaica, elitista, discriminadora y excluyente de Colombia. Duque representa la Colombia colonial de hacendados oprimiendo servidumbre, de blancos oprimiendo indígenas y negros, de ricos oprimiendo pobres y de católicos oprimiendo herejes e impíos. Esa es la juventud de Duque, que es la misma juventud de Uribe.

 

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Qué buena columna de opinión. Certera, aguda, dolorosa y profundamente preocupante sobre lo que le espera al país si este señor llega a la presidencia. Hay que creer que otra Colombia es posible y que eso se empezará a demostrar el próximo 27 de mayo.

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