Si estamos solos, aún nos quedamos nosotros. Cuidémonos
Hace 15 años, la madre de Jefferson, Luz Marina Robayo, también militante de la Unión Patriótica, fue asesinada. El cuerpo de la señora Robayo fue encontrado sobre un puente cerca del municipio de El Castillo, Meta, con señales de tortura. El crimen fue perpetrado por el bloque Centauros de las Autodefensas. La secuestraron el 3 de junio de 2003 y su cuerpo apareció tres días después. Una historia repetida con la madre y con el hijo, los dos militantes de la Unión Patriótica, un grupo político de izquierda fundado en 1985 (en medio de las fallidas negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC) que ha sufrido la aniquilación sistemática de más de cuatro mil de sus miembros en todo el territorio nacional. Un genocidio político.
La sevicia con la que se materializó el crimen contra Jefferson Arévalo y su esposa, Gladys Tirado, los hombres encapuchados que se colaron en su finca para masacrarlos y la mala coincidencia de que por la zona estuvieran rondando tropas de la Brigada VII del Ejército, traen a la memoria los peores momentos del accionar paramilitar que cubrieron de desolación y muerte prácticamente todo el territorio nacional con las masacres más horrendas y con los métodos más crueles. El modus operandi del comando que ejecutó estos actos de violencia recuerdan, en menor escala, las masacres de Chengue y El Salado, solo por poner dos ejemplos, en las cuales los hombres de los caseríos fueron sacados a la fuerza de sus hogares, reunidos en las plazas, torturados y asesinados, mientras las mujeres eran violadas sin poder oponer la menor resistencia, con la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas que enterados de estas incursiones miraban para otro lado y facilitaban la barbarie.
Una vez más, el país se está llenando de panfletos amenazantes en contra de los militantes de la izquierda, líderes políticos, líderes sociales, periodistas, líderes populares de sustitución de cultivos y restitución de tierras, funcionarios públicos, campesinos, entre muchos otros, desde un grupo clandestino que se autodenomina “Las Águilas Negras”, sobre el cual las autoridades no han determinado quiénes la conforman, en qué territorios operan, cómo es su organización, mandos y jerarquía, ni nada que permita inferir si es un grupo conformado y con estructura o solo la fachada para matones energúmenos y dispersos que quieren infundir terror con el fin de intimidar a todo aquel que comulgue con ideas de izquierda o que luche por causas sociales.
Estas amenazas no serían más que un hecho perturbador y preocupante si de verdad no se estuvieran concretando los atentados y asesinatos en contra de estos personajes que han enarbolado las banderas de la lucha social. La Defensoría del Pueblo anunció en julio que ya van 326 líderes asesinados desde enero de 2016, cifra que habrá subido en el último mes, contando casos como el de Jefferson Arévalo. Las organizaciones sociales hablan de muchos más. A esto se le suma el anuncio del Procurador General de la Nación, quien informó que agentes de la Fuerza Pública estarían detrás de estos asesinatos, cooptados por grupos criminales. Y para completar este cuadro desolador, esta semana la Vicefiscal, Maria Paulina Riveros, anunció que empresarios y terratenientes estarían detrás del asesinato de líderes de restitución de tierras.
Lo que se percibe a todas luces es al establecimiento rancio, tradicional, anquilosado, opresor y feudal, organizando y poniendo a funcionar sus fuerzas clandestinas, lo que tradicionalmente se ha conocido como “la mano negra”, para reprimir cualquier brote de protesta social, cualquier lucha por la reivindicación de derechos de los más vulnerables, cualquier desafío al status quo que ha gobernado a Colombia durante toda su historia republicana, en manos de unas élites pequeñas y poderosas que acaparan las tierras, las riquezas, el sector productivo y financiero y, por supuesto, al Estado.
Los mensajes que ha mandado el Gobierno entrante en este sentido son elocuentes. El nombramiento como Ministro de Defensa del presidente del gremio de comerciantes, cuyo primer aviso es que va a “regular la protesta social”, es un anuncio claro sobre qué intereses y qué sectores específicamente va a defender el Estado en esta administración. Nombrar un Ministro de Hacienda que se ha caracterizado por proteger el patrimonio de los más ricos en detrimento del ingreso de las clases trabajadoras con ingresos medios y bajos, queriendo gravar hasta los artículos de la canasta familiar, son un síntoma claro del carácter reaccionario y elitista de esta gestión. Nombrar de Ministra de Minas a una persona que ha dicho que se puede hacer “fracking responsable”, poniendo en riesgo los recursos naturales de la Nación, especialmente el agua, habla del carácter mercantil y poco humano con el que se van a administrar esos recursos en este período.
Las amenazas y los asesinatos de líderes de izquierda en el país no son casuales ni responden a acciones individuales de grupos dispersos y desarticulados. Por el contrario, hay una sistematicidad en estas acciones para proteger al establecimiento anquilosado y corrupto que genera las inmensas desigualdades económicas y sociales en Colombia, por lo tanto, la dependencia de una gran masa desposeída y pobre de los grandes gremios económicos.
El caso de Jefferson Arévalo, asesinado seguramente por defender los intereses de su comunidad, militar en una fuerza de izquierda y ser campesino, es una perla más de un collar largo que se va a seguir alargando por cuenta de quienes quieren mantener sus privilegios a cualquier costo y que ahora están envalentonados porque se han hecho con el Gobierno, lo que les permite además manipular a las Fuerzas Armadas que siempre han sido muy sumisas y obedientes al establecimiento al que llaman “democracia”.
Además, ese establecimiento cuenta con un gran respaldo popular por un sector social enamorado de las cadenas, de las promesas vacías, de los discursos mentirosos, del caudillismo, de algunos esclavos que idolatran a sus amos y de otros que se han podido trepar a la cúspide de esa pirámide en donde se asciende más por preferencias, roscas y favores, que por méritos o logros.
Las FARC, y en general los grupos guerrilleros que continuaron la lucha armada de manera anacrónica y criminal, le hicieron un gran daño a la izquierda democrática porque deslegitimaron y opacaron su lucha, porque además las fuerzas oscuras del establecimiento aprovecharon sus desmanes para lanzar un manto de duda sobre todo aquel que defendiera las causas populares para tacharlos de guerrilleros y sobre esta base aniquilarles. Los ataques terroristas, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, el desplazamiento forzado y el narcotráfico, desdibujaron los propósitos ideológicos de las guerrillas que se quedaron en el pasado y valieron el repudio de la mayoría de la sociedad. Eso se vio reflejado en las últimas elecciones legislativas en donde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre de las FARC en la contienda política y sin armas, sacó unas votaciones paupérrimas para Senado y Cámara.
Sin embargo, la izquierda democrática y pacífica no puede ser criminalizada ni estigmatizada por lo que hacen los grupos armados que con un velo ideológico se dedican a delinquir. Mucho menos ahora, que las FARC se han desmovilizado como grupo guerrillero y que se puede diferenciar con claridad quiénes siguen alzados en armas o delinquiendo y quiénes están aprovechando la oportunidad política.
La izquierda no puede ser amedrentada, amenazada y aniquilada en un régimen que se precia de ser democrático, deliberante y plural, en donde se supone que la política y la contienda electoral son los espacios para definir las preferencias ciudadanas y donde se ha forjado todo un marco legal que ha costado sudor, lágrimas y sangre para que las víctimas puedan hacer valer sus derechos.
La democracia real está en peligro. Las bases que este Gobierno está sentando para fortalecer la anquilosada y corrupta pirámide social marcada por unas profundas desigualdades, sumado al accionar de esos grupúsculos clandestinos que buscan eliminar cualquier rasgo de protesta social y de reivindicación de derechos por la vía de la violencia, nos está sometiendo a un régimen totalitario y opresor legitimado por los votantes que no dimensionaron la gravedad de su elección al entregarle el mandato a ese reducido y excluyente círculo de poder.
Jefferson Andrés Arévalo Robayo solo era un campesino militante de la izquierda, igual que su mamá. La sevicia de su muerte, lo que le hicieron a su esposa, es un nuevo aviso de estas fuerzas macabras de que van con todo a reclamar lo que creen suyo, es un acto infame para meter miedo y demostrar, como lo dicen en casi todos sus panfletos, que no están jugando. Lo único que nos queda es la solidaridad y la fraternidad, las instancias nacionales e internacionales de protección de Derechos Humanos y las autoridades que aún no se han dejado corromper. Nos tenemos que proteger entre todos los ciudadanos que aún creemos en un país libre, democrático y deliberante. Si estamos solos, aún nos quedamos nosotros. Cuidémonos.
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Muy acertada lectura del
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