INPEC

Con la emergencia por la pandemia del COVID-19 era previsible una crisis en los centros de reclusión y la necesidad de proteger a la población carcelaria porque en caso de un contagio, la vida de todos los internos se pone en riesgo, por las condiciones en que se encuentran, especialmente el hacinamiento superior al 52 por ciento.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello y el director del Inpec, Norberto Mujica, decretaron la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público. El objetivo, según indican, es seguir trabajando por las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias.

El cargo de director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, es el más sacrificado del servicio público en el país. Entendible por la cantidad de conflictos que maneja y la ingrata tarea de encargarse de las medidas de seguridad impuestas a personas sindicadas o condenadas por diferentes delitos, atención a la población intramural y la resocialización de los privados de la libertad, como funciones principales. A los problemas de corrupción se suma la falta de infraestructura para la demanda carcelaria, escaso personal de guardia para vigilar a los detenidos, ineficiencia en la ejecución y una organización de trabajadores con 82 sindicatos que hace inmanejables las relaciones laborales.

Esta semana llegaron a mi oficina varias quejas exponiendo diversos casos sobre la situación que viven las personas privadas de la libertad y las condiciones infrahumanas que tienen que afrontar en los centros de reclusión, a propósito de la columna publicada en este espacio la semana pasada.

El Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaron una visita institucional a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, para verificar las condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en ese centro de reclusión.