A través de Auto 033 de 2021 se informó que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos en los que la JEP priorizará sus investigaciones. Según dio a conocer el Tribunal, esta decisión "se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal".
La investigación de la JEP reveló que al menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2008 y que el 66% del total de víctimas a nivel nacional se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
La JEP señaló que las cifras que se conocen por parte de diferentes organizaciones y entidades son distintas, mencionando las del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
A pesar de ello, tanto fuentes oficiales y como las no gubernamentales coinciden que el periodo de 2002 a 2008 fue el de mayor número de víctimas, concentrando un 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
"Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos. Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba" la Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros", informó la JEP.
Las víctimas acreditadas del caso y la Procuraduría General de la Nación tienen 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal.
Subcaso Antioquia: El departamento registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008. El año de mayor victimización de la región fue 2004. Según la JEP, la IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.
La JEP priorizará los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. De igual forma se menciona el caso del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, en el que 14 miebros de la fuerza pública de distinto rango han entregado información a la JEP.
Subcaso Costa Caribe: El 7,3% de las víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, que es el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira, por su parte, reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%.
La Sala de Reconocimiento dará prioridad a los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira relacionadas con muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa".
Subcaso Norte de Santander: La JEP tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016, 82% de las cuales se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo.
La Segunda División del Ejército, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Así, la JEP decidió priorizar los hechos presentados entre 2007 y 2008 en El Catatumbo en donde se identificaron por lo menos dos patrones representativos.
Subcaso Huila: Según la Sala, la Quinta División del Ejército (con jurisdicción en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila), tuvo un incremento sustancial de casos de falsos positivos entre 2005 y 2008. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales, 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, se concentraron en el municipio de Pitalito, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, un 13.1% del total presentado.
Subcaso Casanare: El análisis de la JEP arrojó que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa de muertes presentadas iegítimamnete como bajas en combate para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
Subcaso Meta: Entre los años 2002 y 2005, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas" (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, por lo que la investigación se concentrará en dicho periodo.
Por su parte, la Asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia manifestó que siguen buscando la verdad y que en realidad serían más de 10.000 casos en el país. "Es vergonzoso pero irán apareciendo más fosas comunes como la de Dabeiba con nuestros hijos, esposos padres y seres queridos que un día salieron para no volver", comentó a través de Twitter Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes asesinados y presentados como muertos en combate con el Ejército y que es una de las personas más representativas del movimiento de víctimas de estos crímenes.
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