Jue, 01/12/2017 - 13:27

'Contraloría advierte que hacinamiento carcelario llega al 260 por ciento'

En informe enviado a la Corte Constitucional, Contraloría alertó sobre situación de 29 cárceles.

Las recientes noticias acerca de motines en las cárceles de Brasil que dejan 140 muertos en tan sólo 15 días, nos obligan a darle un vistazo a las cárceles colombianas y la delicada situación de hacinamiento que se vive al interior de ellas. Sobrepoblación carcelaria, infraestructura deteriorada, insuficiencia de instrumentos y medicamentos para atención en salud, incumplimiento de reglas impuestas por fallos de la Corte Constitucional. Ese fue el panorama que encontró la Contraloría General en 29 cárceles del país a las que visitó en el año 2016. El informe que construyó el ente de control fue enviado a la Corte en cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. En él pone en evidencia la grave situación que presentan los principales centros de reclusión de 12 departamentos del país. La Contraloría hace especial énfasis en el tema de hacinamiento. Asegura que la fórmula del equilibrio decreciente, es decir que salgan más internos de los que entran no se está implementando, pues hoy siguen siendo muchos más los ingresos de reclusos que las salidas de los mismos. Bajo esta condición, solo se encontró un descenso en el número de personas recluidas en el Complejo Carcelario de Cúcuta y en Popayán. Sin embargo, en los 27 restantes, hubo un aumento de ingresos que lleva a una sobrepoblación de entre 7 y 260 por ciento. El mismo INPEC, organismo encargado de la población carcelaria en el país, cataloga como preocupante el hacinamiento en las cárceles con capacidad para 79.953 internos y que hoy albergan a más de 120.000, de los cuales una tercera parte son sindicados. Pero no se trata solamente del informe presentado por la Contraloría o de los datos estadísticos del INPEC, sino de los informes presentados por organismos humanitarios que nos presentan la radiografía de las cárceles colombianas como grave, severa y de urgente intervención. Para el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, es inaudito que en cárceles como las de Antioquia hayan establecido horarios de pico y placa para que los presos puedan dormir, condición inhumana y degradante. Si bien es cierto que la sobrepoblación carcelaria en Colombia aumenta de manera sistemática en porcentajes acumulados año tras año, las conductas delictivas también lo hacen. Las discusiones sobre política criminal parecen no tener puntos de encuentro válidos y concordantes con la urgencia de la situación. Mientras que unos proponen la construcción de nuevas cárceles, otros plantean más beneficios administrativos y subrogados penales para los sindicados, así como programas de resocialización dándole un enfoque más preventivo que represivo. Lo cierto es que mientras no exista una política criminal que de respuesta efectiva de la justicia al crimen organizado y delincuencia común y que al mismo tiempo propenda por el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de la libertad, seguiremos en la queja constante sobre las violaciones al código penal y a los derechos fundamentales. La coherencia en el debate se hace necesaria.

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