Hubo uso desproporcionado de la fuerza en el paro nacional, afirma la CIDH

La Comisión emitió un documento de 48 páginas en el que reconoce que las manifestaciones ciudadanas "se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016". De igual manera, reconoce que la motivación de las protestas fueron la Reforma Tributaria y la Reforma a la Salud, las cuales fueron presentadas por el Gobierno al Cogreso y posteriormenteretiradas en 2 y el 19 de mayo respectivamente, pero señala que el ehcho de que las protestas se mantengan "da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones".

"La Comisión considera que la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social", advierte uno de los apartes del documento, y dice también que los diálogos deben tener un enfoque territorial y sean amplios e inclusivos con el fin de involucrar a los diferenets grupos poblacionales que se han sumado a las protestas.

En sus observaciones, la CIDH presenta ahallazgos sobre graves violaciones a los derehos humanos. "Como principales preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar", dice el documento, que cita cifras de la Fiscalía General d ela NAción que dan cuenta de 51 personas fallecidas entre el 288 de abril y el 5 de junio, 21 de las cuales tendrían relación directa con las protestas, 11 más están en procesod e investigación y 19 más que habrían sucedido en el lapso de las jornadas del paro, mas no en el contexto de protestas. También cita de cifras de entidades como la Consejería Presidencial para los Derechos HUmanos y la Defensoría del Pueblo sobre 1.113 personas civiles lesionadas y 18 casos de lesiones oculares.

En otro aparte del documento, el informe de la Comisión se refiere a cifras de la Defensoría del Pueblo según las cuales "se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI", entre las cuales se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento. De igual manera, informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en un CAI en el marco de las manifestaciones.

Sobre los bloqueos, uno de los puntos de mayor discusión durante el paro, la COmisión ha dicho que "varios de estos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo. Adicionalmente, dichos bloqueos habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible"

En sus recomendaciones, la Comisón hace un llamado a que desde los más altos niveles del Estado se promueva  "un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país" y a "respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población"

Con relación al uso desproporcionado de la fuerza, la CIDH recomienda "tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia en el marco de las protestas sociales" y hace un llamado a incluir un enfoque étnico-racial y de género en los procesos de formación de agentes del Estado, así como sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ.

Además, llama la atención sobre la importancia de separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa, esto con el "fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos" y que se evite incurrir en el uso de perspectivas militares en el tratamiento de las manifestaciones ciudadanas.