Sáb, 04/21/2018 - 08:57
Fernando Carrillo, Procurador General

538 mil niños están sin cobertura del PAE en el país: Procuraduría

Con información de Katherine Castaño, periodista, Agencia de Noticias RPTV.

La Procuraduría General de la Nación abrió varios pliegos de cargo en contra de algunos funcionarios y ex funcionarios públicos por irregularidades en el manejo y la puesta en marcha de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.

La denuncia la hizo el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, quien aseguró que más de medio millón de niños y jóvenes no cuentan con alimentación escolar.

“Está de por medio el derecho a la educación, a la nutrición, un derecho fundamental de más de 538 mil estudiantes que en este momento en 4 departamentos y dos municipios están sin cobertura del Programa de Alimentación Escolar”, sostuvo.

Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.

“Por este descubrimiento y en consideración a una serie de anormalidades que hemos encontrado hemos tomado varias decisiones disciplinaria. En primer lugar, hemos abierto un pliego de cargo contra el gobernador de Sucre, contra el ex gobernador de Amazonas, el entonces alcalde de Yopal, John Jairo Torres y hemos citado a juicio disciplinario a tres funcionarios de la Gobernación del Putumayo”, sostuvo Carrillo.

Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.

De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.

En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.

Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

En lo que va de 2018 la Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24 acciones directas frente al Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95 Entidades Territoriales Certificadas en el país.

Se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.

Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

La Procuraduría, a través de sus delegadas del nivel central, ordenó la apertura de 4 investigaciones disciplinarias en los departamentos de Amazonas, Meta y Caquetá y el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

En las últimas horas la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de Educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.

Así mismo, citó a juicio disciplinario en un proceso verbal a los funcionarios de la gobernación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación Departamental; José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de Contratación, y Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios Administrativo y gobernador encargado para la época de los hechos.

Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría sido adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni financiera, ni de organización, ni la experiencia.

Igualmente, formuló cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.

Por último, también formuló cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa.

Se les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de pesos, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.

 

 

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