Mar, 04/10/2018 - 09:14
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Llegan a Colombia ex fiscales estadounidenses para foro sobre Lista Clinton

Por: Martha Lucía Díaz Rivera

La “Lista Clinton” es el término tradicionalmente utilizado en Colombia para referirse a los “registros” las personas naturales y jurídicas frente a las cuales el presidente de Estados Unidos o la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de ese mismo país (OFAC, por sus siglas en inglés) han adoptado algún tipo de sanción económica (sanciones OFAC).

La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (“SDN”, por sus siglas en inglés) y la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (“SDNT”, por sus siglas en inglés) son dos de estas listas (listas OFAC).

  • Lista Clinton puede afectar a personas y transacciones no relacionadas con narcotráfico
  • Llegan a Bogotá ex fiscales estadounidenses especializados en el tema
  • Presidirán Foro “Mitos y realidades de la Lista Clinton” el próximo martes 17 de abril, en el Club de Abogados de Bogotá

El Foro hará claridad sobre las sanciones y reparaciones

El nombre de la lista OFAC, varía según el fundamento utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para imponer la sanción. Sobre este tema tratará el foro “Mitos y realidades de la Lista Clinton” que tendrá lugar el próximo martes 17 de abril en la sede del Club de Abogados  de Bogotá, a las 10 de la mañana. Su apertura estará  a cargo de los abogados estadounidenses, Robert I. Targ, ex fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida, y Fausto Sánchez, ex fiscal para el Circuito Judicial Décimo Séptimo de la Florida. Ambos, socios de la firma Díaz Reus abogados, de Miami, con presencia en 20 países de Estados Unidos y América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.




Dr. Robert I. Targ. exfiscal del Distrito Sur de la Florida, Socio Fundador de firma internacional, Díaz Reus




Dr. Fausto Sánchez,  Exfiscal de la Florida

Generalmente, las sanciones OFAC implican el bloqueo de los activos de la persona y la prohibición para celebrar cualquier tipo de transacción, directa o indirecta, con la persona. Así, las sanciones cobijan tanto el intercambio de bienes (v.g. exportación o importación), como el de servicios (p. ej. financieros, de asesoría legal). El régimen prohíbe cualquier actividad que facilite las transacciones con el sancionado. La interacción con los sancionados sólo resulta posible ante una excepción legal o gubernamental (v.g. actividades humanitarias o servicios legales) o si el interesado obtiene una licencia.

OFAC no sólo sanciona el narcotráfico

Las sanciones deben ser cumplidas por toda “persona de los Estados Unidos”. En la práctica, las personas sancionadas por OFAC pierden todo el acceso al sistema financiero, dentro y fuera de Estados Unidos. Adicionalmente, el ser incluido en las listas de OFAC puede traer consecuencias colaterales, incluyendo ser detenido para revisión secundaria en los puntos de entrada de inmigración y aduanas de Estados Unidos; así como la inclusión en listas no-fly de las aerolíneas americanas. Además, las consecuencias adversas suelen ser extendidas a los familiares de las personas incluidas en la lista.OFAC No Sólo Sanciona el Narcotráfico. Esto se debe a que este tipo de sanciones son un componente importante de la política pública de Estados Unidos frente a otros gobiernos (Cuba, Irán, Venezuela, entre otros), organizaciones de crimen transnacional (p. ej. los. Yakuza o la Mara Salvatrucha) y frente a ciertas actividades ilícitas (v.g. delitos cibernéticos, narcotráfico, terrorismo).

Las sanciones OFAC que involucran al gobierno de Venezuela son un buen ejemplo. Desde el año 2014, el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente norteamericano para imponer sanciones OFAC a cualquier persona, incluidos miembros del Gobierno venezolano, que participara en actos de violación a los derechos humanos.

Recientemente, en agosto de 2017, el presidente Trump profirió la orden ejecutiva 13808, mediante la cual decretó sanciones adicionales concernientes a Venezuela. En ese sentido, prohibió participar en un número importante de transacciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) y, en general, con el gobierno de Venezuela. Entre otras, el régimen afecta operaciones de financiación, distribución de utilidades y operaciones sobre bonos y otros títulos valores provenientes del gobierno de Venezuela.El impacto de las sanciones de OFAC va más allá de las fronteras de Estados Unidos. Cualquier “persona de los EE.UU.”, sin importar en qué país se encuentre, debe acatar las medidas. Adicionalmente, muchas entidades financieras que escapan a la jurisdicción de EE.UU., por iniciativa propia deciden terminar  vínculos con individuos y entidades enlistados por OFAC.

Hasta 30 años de prisión por violaciones al régimen de OFAC

La “persona de los Estados Unidos” que realiza operaciones que violan la regulación de OFAC, con independencia de si se encuentra en territorio americano o colombiano, puede enfrentar multas de hasta USD 250.000 o el doble del valor de la transacción que fue indebidamente realizada. Esta responsabilidad es objetiva, de manera que las operaciones realizadas “por error” también pueden sustentar la imposición de multas. Adicionalmente, OFAC puede remitir el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que ejerza las acciones penales correspondientes.

Las violaciones intencionales al régimen OFAC pueden resultar en penas de hasta 30 años de prisión. En ese sentido, las sanciones OFAC obligan a que las empresas y entidades financieras diseñen, implementen y actualicen constantemente sus programas de cumplimiento para prevenir transacciones que, directa o indirectamente, involucren a personas mencionadas por las listas de OFAC; así como operaciones no autorizadas por las distintas órdenes ejecutivas. Estas entidades deben capacitar periódicamente a sus trabajadores, oficiales de cumplimiento y directivos para prevenir su participación en estas transacciones. 

Existen Recursos Administrativos y Judiciales contra las sanciones de la OFAC

Las personas sancionadas por OFAC pueden solicitar, con base en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que se le comuniquen las afirmaciones y hechos que sustentaron la inclusión o designación. En el evento de que dicho requerimiento sea negado, es posible iniciar una demanda civil con el mismo propósito.

De manera paralela o independiente, las personas designadas pueden interponer, por escrito, una solicitud de reconsideración ante la misma entidad, con el propósito de ser excluidas de las listas de OFAC. A través de dicha petición, el sancionado puede desvirtuar las razones que llevaron a su inclusión en la lista.  La persona puede proponer medidas como la reorganización corporativa o la renuncia a ciertas posiciones en una entidad bloqueada, con el propósito de eliminar las bases para la designación en la Lista.

Si el gobierno decide negar la solicitud de reconsideración, el afectado puede presentar una nueva solicitud de reconsideración, con base en nuevas circunstancias o suministrando evidencias o información diferente. También el sancionado puede instaurar una demanda en contra de OFAC al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés); y solicitar a una corte federal de EE. UU.que ordene la remoción de la lista. En esta demanda, el designado puede demostrar que OFAC desconoció el debido proceso u otras garantías constitucionales al imponer la sanción.

Las sanciones de OFAC “tienen dientes”. Las empresas y entidades financieras deben preocuparse por implementar las medidas de compliance pertinentes para evitar sanciones.

Una persona natural o jurídica puede ser sancionada por OFAC sin estar vinculada con el mundo del narcotráfico. Estas personas tienen recursos jurídicos a su disposición para solicitar ser excluidas de las listas. Sin embargo, mientras el individuo o la entidad permanezcan en la lista, deberán enfrentar consecuencias graves, dentro y fuera de los Estados Unidos.

 

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