Organizaciones sociales piden presencia de la CIDH en Colombia

En la carta, firmada entre otras organziaciones por la Asociación Minga, Católicas por el Derecho a Decidir – CDD, Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Comité de solidaridad con presos políticos y la Corporación Sisma Mujer, se solicita una visita "in loco" a Colombia por parte de la CIDH. Este tipo de visita se refiere a una investigación en el lugar de los hechos.

Se trata de un método empleado por organismos internacionales en el que sus miembros llegan a terreno para documentar denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones solicitan que, además de documentar las denuncias, se ayude a identificar los impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos, periodistas y comunidades étnicas.

"Además de las valiosas acciones que la Comisión ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta social y seguimiento a sus estándares, consideramos que dado el escalamiento de la situación se requieren otras acciones, como una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados; con la posibilidad de identificar impactos diferenciados de las violencias en mujeres, personas LGBT, defensoras de derechos humanos y periodistas, así como comunidades étnicas", dice uno de los apartes de la carta.

Por otra parte, las organziaciones hacen referencia al papel de entidades como la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo "han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes", por lo cual solicitan que se conforme un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta que abarque los últimos tres años.