El Procurador le envió una carta al titular de la cartera, Mauricio Cárdenas Santamaría, en la que sugirió frenar el proceso “a menos que pueda evidenciar la existencia de mecanismos alternos previos de control del origen y destino de tales divisas, tan estrictos como los hoy vigentes”.
Según el Ministerio Público, la canalización a través del mercado cambiario de ciertas operaciones no sirve solo para recabar información estadística útil a las autoridades monetarias, “sino principalmente para someter a esos flujos de divisas a los controles propios de los intermediarios del mercado cambiario, para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo”.
En su criterio, eximir a quienes cancelan sus obligaciones a través de operaciones de comercio exterior de su deber de canalizar las divisas y presentar las declaraciones de cambios, elimina la posibilidad para que autoridades y organismos de control puedan determinar el origen del dinero y el valor real de los bienes que comercializan internacionalmente.
Para el Procurador General la medida puede atentar contra la soberanía monetaria del Estado y facilitar el blanqueo de capitales originarios de actividades ilícitas como la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, entre otros.
Carrillo Flórez resaltó que la canalización de divisas a través del mercado financiero ha permitido rastrear todo tipo de operaciones sospechosas e inusuales realizadas a través de los intermediarios y cuentas de compensación.
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