Senado aprueba en penúltimo debate la JEP.

Al inicio de la jornada de ayer parecía que una vez más no se reuniría el quórum necesario para votar la aprobación del proyecto de ley que ha sufrido serios tropiezos para su trámite tanto en Senado como en Cámara. Sin embargo, ante los ruegos desesperados del presidente Juan Manuel Santos y de su Ministro del Interior, Guillermo Rivera, a lo que se sumó una advertencia de investigación por parte del Procurador General Fernando Carillo por ausentismo a los congresistas que no asistieran, finalmente la iniciativa fue votada en horas de la noche.

La Corte Constitucional allanó el camino para que la JEP fuera votada por el Senado subsanando algunas dudas que persistían sobre conflictos no resueltos en los acuerdos entre la participación política y la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto en el caso concreto de los guerrilleros de las FARC desmovilizados que aspiran a cargos de elección popular para las próximas elecciones. El Alto Tribunal optó por dejar a la misma JEP que decida quiénes de los aspirantes podrán presentarse a las urnas y cuáles de estos no podrán posesionarse o podrán ser retirados de sus cargos de acuerdo con los fallos que se profieran en el marco de esa justicia transicional. Con esa aclaración fue aprobada la participación política de las FARC con resistencia de la bancada del Centro Democrático. A pesar de ello, la votación siguió su camino.

Sin embargo, el proyecto fue modificado en algunos de sus apartes, siendo el más notorio el de las inhabilidades que pesarán sobre los magistrados que aspiren a conformar el Tribunal de la JEP, lo que obligará al Gobierno a pensar en algunos nuevos nombres respecto de los que ya había nombrado. De acuerdo con lo aprobado en el debate, los aspirantes a magistrados no pueden haber ejercido representación judicial o administrativa durante los cinco años anteriores a la conformación del Tribunal de ningún asunto relacionado con el conflicto armado. En consecuencia, son varios los magistrados nombrados por el Gobierno que se verían impedidos para asumir su cargo.

También se planteó la posibilidad de permitirle a los condenados por parapolítica recuperar sus derechos electorales y políticos, en aras de la equidad con los beneficios que se le darán a los guerrilleros desmovilizados. Sobre este particular no se dejó nada plasmado en el Proyecto de Ley, pero se abrió la oportunidad de ahondar sobre este polémico punto en el debate cuando se cumpla el último trámite en la Cámara de Representantes.

Se espera entonces que el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz sea aprobado en último debate por la Cámara de Representantes. Es de señalar que se temen nuevas demoras en el trámite legislativo por lo que los mismos representantes han llamado "maniobras dilatorias" del Presidente de la Corporación, el representante por Bogotá del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo. A esto se suman los rumores en los corredores del Congreso en donde se afirma que el Partido Liberal y Conservador, además del decadente partido de la U, estarían presionando a Juan Manuel Santos para que les dé mayor participación burocrática. Esto teniendo en cuenta el nuevo panorama político previo a las elecciones con una Unidad Nacional fragmentada y los antiguos aliados ahora encabezando la oposición, como es el caso de Cambio Radical.

Mientras el tiempo corre en contra del Gobierno con la aprobación definitiva de la JEP, los políticos del Congreso aprovechan para jugarse sus cartas estratégicas previendo los resultados de las próximas elecciones legislativas y la posibilidad de alcanzar con sus respectivos partidos la Presidencia de la República. Parece un mal momento para los acuerdos de La Habana que ciertos aspectos fundamentales de su implementación coincidan con épocas preelectorales. En estos escenarios afloran los apetitos burocráticos y las ambiciones particulares de los políticos.

Esperamos que en el próximo debate en la Cámara de Representantes sobre la Jurisdicción Especial para la Paz los representantes recuerden por encima de sus intereses el artículo 22 de la Constitución Nacional: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento".