Academia y acoso sexual

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC) definió el acoso sexual como una serie de gestos y conductas no bienvenidas para una persona. Sus manifestaciones principales son las siguientes: presión para tener citas y favores sexuales; intentos de asalto sexual o violación; preguntas por la vida íntima y personal; los habituales “piropos”, caricias no deseadas y persecuciones. Quien ejerce el acoso, por lo general, tiene una posición de poder derivada del estatus económico, político, social y cultural. En cambio, quien lo sufre tiene mucho que perder y termina cediendo a las presiones del agresor. El acoso sexual es también una violación a los derechos humanos. Así se entiende en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados a tomar medidas para erradicarla.

El acoso sexual contra las mujeres es un hecho habitual en la academia. Antes y después del movimiento #MeToo, varias académicas en los Estados Unidos denunciaron ser víctimas de acoso. Los agresores solían ser hombres que ocupaban cargos como directivos y profesores dentro de universidades y centros de investigación. Ellos obtenían poder de la trayectoria y el prestigio que resultaba de sus trabajos, y esto les reportaba una ventaja con respecto a profesoras, investigadoras y estudiantes que anhelaban hacer su vida dentro de la academia. Fue así como algunas de ellas llegaron a denunciar a sus colegas varones por ejercer presión indebida para obtener favores sexuales en medio de asesorías de tesis, trabajos académicos, seminarios y congresos. El acoso sexual, desde luego, encuentra un nicho favorable en un ámbito jerárquico como la academia, donde las desigualdades entre hombres y mujeres son una constante.

En las universidades latinoamericanas no sólo ha sido frecuente el acoso sexual, sino también las violaciones y los feminicidios. En México, colectivos de estudiantes han presionado para que haya transparencia en los protocolos diseñados para denunciar la violencia contra las mujeres. A pesar de esto, son pocas las universidades que cuentan con procedimientos especializados para mitigarla. En Chile, más de un centenar de intelectuales firmaron una declaración dirigida a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), en la cual reclamaban políticas de igualdad de género y sanciones a investigadores que hubieran incurrido en conductas de acoso. Recientemente, la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Lasa) anunció el surgimiento de una comisión especializada para investigar este tema. Todo esto hace parte de respuestas políticas y organizativas de mujeres que han elevado su voz al interior de universidades y centros de investigación para decir “no más”.

En Colombia el panorama no es diferente. Han existido numerosos eventos de acoso sexual en universidades públicas y privadas, lastimosamente reducidos a incidentes laborales en el curso de investigaciones internas. Recientemente supimos del caso de Lizeth Sanabria, estudiante de posgrado de la Universidad Nacional que hizo pública una denuncia de acoso por parte del profesor Freddy Monroy. Por otra parte, varias medidas de prevención en establecimientos educativos recaen sobre la vestimenta de las mujeres reforzando la idea de que ellas son las culpables de su propio abuso. Esto mismo aconteció en la Universidad Pontificia Bolivariana hace algunos meses. En medio de esto, la vulnerabilidad de las estudiantes es cada vez más notoria ante hechos de violencia sexual.

Si bien, en varios países se han llevado a cabo acciones para rechazar la violencia sexual en los campus universitarios y demandar medidas para sancionarla, siento que hace falta un pronunciamiento contundente de la comunidad académica colombiana sobre este asunto. Tengo conocimiento de iniciativas de repudio al abuso sexual emprendidas por estudiantes y profesoras dentro de universidades públicas y privadas. Sin embargo, es necesario que como profesoras, investigadoras e intelectuales coordinemos acciones para apoyar y solidarizarnos con quienes sufren este tipo de violencia en las instituciones educativas. Como comunidad académica integrada por mujeres tenemos que velar para que los protocolos de denuncia y atención a víctimas sean cumplidos con honestidad y efectividad. Asimismo, es importante generar espacios de deliberación sobre dicha problemática, y disponer nuestra experiencia acumulada a lo largo del tiempo para lograr que las mujeres podamos tener una vida digna dentro de la academia.

Vivian Martínez Díaz

@VivianMartDiaz