Dom, 01/01/2023 - 11:50
TransMiCable de Bogotá (Foto: Guillermo Camacho Cabrera)

Año nuevo y transporte público en Colombia

El aumento en las tarifas de transporte público en las ciudades capitales de Colombia difícilmente atiende la vulnerabilidad económica de grupos específicos de personas con menores ingresos o sin ellos. Aumentos en bloque entre $200 y $300 en las tarifas del transporte público en las ciudades dificultan la sostenibilidad social de los sistemas.

Escribir en Año Nuevo es una sensación fascinante porque se tiene el libro abierto y en blanco hacia adelante.

2023 será un año difícil para los Sistemas Integrados o Estratégicos de Transporte, con el ajuste a las tarifas que hicieron las ciudades miembros de Asocapitales.

Incrementar el precio del pasaje en más de 12% de un solo tajo es una decisión amparada en la unidad de Asociación pero que va en detrimento de los más empobrecidos y vulnerables de los territorios.

El transporte, y en especial el público, contribuye de sobremanera con la reducción de la vulnerabilidad social y la pobreza al facilitar la conexión con los centros de trabajo, salud, educación, justicia y recreación en las ciudades.

Cualquier aumento es lesivo para los usuarios más vulnerables y con menores ingresos. Uno que oscila entre $200 y $300 en las tarifas les impide a muchas personas acceder al servicio. Si ya es difícil con las tarifas actuales, lo va a ser mucho más con los ajustes.

La más reciente Encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizada en 23 ciudades de Colombia en noviembre de 2022 y presentada el 22 de diciembre, reveló que:

- El 81% de los hogares en Colombia no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos.

- El 10% de los hogares no tiene ingresos.

- El 66,5% de los hogares tiene menos posibilidades ahora que hace un año de comprar ropa, zapatos y alimentos.

- El 43% de los hogares se considera pobre económicamente.

- El 1,3% de los hogares consume tan solo una comida diaria.

Con referencia a sus ocupaciones, 51% de las personas jefes de hogar encuestadas manifestaron estar trabajando, 36% se dedica a los oficios del hogar, 6% manifestó estar buscando trabajo, 4% tiene otras ocupaciones, 2% se encuentra incapacitado para trabajar y 1% dijo estar estudiando.

5% de quienes trabajan reportaron hacerlo virtualmente, en teletrabajo o en trabajo desde casa; es decir, 95% lo hace presencialmente. Para la mitad de ellos hacerlo en transporte público es vital: 22% lo hace bus urbano tradicional, 23% en transporte público masivo y 5% lo hace en metro. El tiempo de viaje promedio es de 44 minutos.

Según la encuesta, del 93% de las personas que creen que en Colombia hay desigualdades en los ingresos entre pobres y ricos, 60% considera muy difícil el acceso a la justicia, 51% a oportunidades laborales, 29% al sistema de salud y 13% a oportunidades educativas.

Un indicador relevante de la situación económica en las 23 ciudades encuestadas es el 12% consolidado de mujeres que respondieron haber tenido dificultades económicas para adquirir los elementos necesarios para atender su periodo menstrual.

A las personas que no tienen ingresos, están en condición de pobreza, se alimentan una sola vez al día, les es más difícil adquirir ropa, zapatos y alimentos o que tienen dificultades para atender el periodo menstrual, la tarifa aumentada va a ser una barrera adicional para desplazarse en transporte público. Sin contar a quienes no pueden ahorrar.

Considero difícil que la política tarifaria de las ciudades capitales de Colombia sea igual para todas al punto que deciden un incremento similar en las tarifas de transporte público, sin tener en cuenta las diferencias entre territorios, poblaciones, ingresos y personas en condición de vulnerabilidad económica, entre otros elementos para la toma de decisiones.

Es urgente que las ciudades capitales de Colombia encuentren fuentes alternas de financiación del transporte público masivo que les permitan hacerlo financiera, ambiental y socialmente sostenible.

Con este aumento va a resultar complicado garantizar la sostenibilidad social de los sistemas de transporte masivo.

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