Lun, 11/09/2020 - 07:08

Derecho a la educación

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, según reza nuestra constitución en su artículo 67. En Colombia la educación gratuita y obligatoria es un derecho, este derecho inalienable debe ser accesible sin ningún tipo de discriminación, que además de desarrollar la personalidad e identidad, debe estimular las capacidades físicas e intelectuales contribuyendo a la integración social y profesional en una sociedad libre.

El estado debe garantizar el derecho a la disponibilidad de suficientes instituciones y cupos educativos, la Defensoría del Pueblo invita a exigir un acceso al sistema educativo cerca de su lugar de residencia, bien sea urbano o rural; en caso de la inexistencia de infraestructura cercana debe garantizar un trasporte adecuado, digno y seguro.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que “la educación va más allá del acceso a la escolarización formal” educar es facilitarles a los niños, desarrollar su personalidad, talento y habilidades, para vivir una vida satisfecha con la sociedad. Para la UNESCO es prioridad que las oportunidades educativas en niños se respeten, fomentando la asistencia a la escuela y la reducción de las tasas de deserción de tal forma que a más y mejor educación menor índice de pobreza.

Cuando hablamos de la gratuidad en la educación generalmente lo asociamos a la exención de pago de una matrícula o mensualidad en la institución educativa, creemos que contar con un pupitre es garantía del cumplimiento del derecho, pero pocas veces pensamos en el gasto que la familia asume como útiles escolares, libros, transporte, alimentación, salud, etc. Si cada uno de estos agregados no está financiado por el sistema educativo, hablamos de letra muerta y se vulnera flagrantemente el derecho a la educación.  Las poblaciones más vulneradas suelen ser las mismas victimas de exclusión o marginación relegadas a zonas o territorios alejados y dispersos a donde las políticas publicas suelen ser ausentes.

En el territorio colombiano ningún niño, niña y adolescente mayor de 5 años debe permanecer fuera de las aulas de clase, es responsabilidad de las autoridades ejercer presión sobre padres y tutores haciendo exigible la asistencia a los centros de educación sin excepciones. En caso de deserción o ausentismo de un menor por casos asociados a vulnerabilidad, discapacidad o empleo el Estado o un civil mediante los mecanismos jurídicos de protección concretos y viables debe retribuirle el derecho a desarrollar su propia concepción de la vida para que posteriormente la sociedad pueda reconocerlo con sus diferencias como capital social.

La educación es uno de los sectores que se vio fuertemente afectado, pues la emergencia en salud la puso a prueba con la cancelación de las clases presenciales, siendo reemplazadas por plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Team, entre otras y convirtió el WhatsApp en la herramienta esencial para interactuar con estudiantes y padres de familia.  En pandemia aun cuando se ha producido abundante legislación y los lineamientos del ejecutivo nacional se encaminaron a la permanencia en el sistema educativo, problemáticas de inequidad, desigualdad y exclusión elevaron las cifras de deserción escolar a lo largo y ancho del país, dejando ver a leguas la falta de articulación entre el discurso y la práctica. Las políticas de cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia de la educación no son las protagonistas por esta época de educación remota. Muchos son los casos de titulares del derecho que activado el aislamiento tuvieron que quedarse en la casa sin conectividad y sin una herramienta tan común en este siglo como es un computador o en el mejor de los casos el celular “inteligente” de papá o mamá.

Colombia se alineó a la mayoría de países que adoptaron un calendario académico virtual, estrategia que chocó de frente con un cúmulo de  falencias establecidas a lo largo de los diferentes periodos de gobernanza; El 80% de los menores del país se educan en instituciones públicas,  mismas que arrastrando el lastre de la desigualdad evidenciaron la imposibilidad de una educación asincrónica pues no solo carecen de medios electrónicos e internet, además saltan a la vista  las escasas competencias digitales y habilidades técnicas y pedagógicas de un cuerpo docente por demás en su mayoría perteneciente al grupo de alto riesgo asociados a la infección por Covid.

Solo el 24% de los directivos de instituciones públicas reportaron tener disponibilidad de una plataforma efectiva de apoyo al aprendizaje, la inequidad transversal en el uso de tecnologías adecuadas para la educación virtual contribuye a ampliar las brechas en el desempeño académico ahondando aún más las desigualdades sociales del país.

Aunque la educación, siempre ha servido de bandera para los sectores políticos que reconocen que formar un nuevo ciudadano es la raíz del árbol de la paz, esto dejará de ser un discurso cuando la equidad social sea una realidad.

Con esperanza de una lección aprendida luego de navegar en esta crisis, es clave empezar a diseñar políticas públicas en educación efectivas, involucrando tecnologías y pedagogías virtuales con el fin de resarcir el impacto negativo que nos deja un año de calendario educativo superado con grandes dificultades. Los directivos de la mano del ministerio de educación deben fortalecer la asistencia sincrónica y asincrónica al aula virtual creando criterios y protocolos de alternancia que una vez superada la etapa de aislamiento le permita a los estudiantes y profesores continuar con un proyecto educativo en concordancia con la situación económica familiar de la pospandemia.

Esperamos ver prontamente las políticas que seis meses atrás creíamos imposibles de ejecutar en los términos de reuniones no presenciales entre directivos, profesores, entes de control y territoriales o las simples tareas de subir material de diferente tipo y participar o dirigir conferencias virtuales en virtud de la recuperación del tiempo de calidad en familia.  Aunado a esto las nuevas políticas deben modificar la concepción de la educación como aprendizaje meramente académico, es preciso incluir temáticas como la educación financiera y la cultura del ahorro enfocada en la planeación, sin olvidar cátedras de apoyo socioemocional.

Pero nada de lo anterior será una realidad si no se garantiza la conexión a internet de banda ancha, la dotación de computadores para las instituciones pedagógicas y la formación de los profesores para su efectivo uso, cabe resaltar la importancia de asegurar a los niños, niñas y adolescente más pobres la conexión a internet desde sus hogares y la tenencia de un computador.

La virtualidad llego para quedarse a partir del próximo año la educación no debe ser 100% presencial, con protocolos de bioseguridad estrictos la alternancia obligatoriamente debe ser regulada por el estado, garantizando con inversión en colegios, maestros y estudiantes el acceso a las TIC de las generaciones en formación para que sin brechas puedan hacer parte de esta autopista del conocimiento que sin duda les abrirá las puertas a nivel mundial sin distinción de clase socioeconómica.

“El aprendizaje de no debe estar ligado a cuatro paredes”.

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