Entre leyes y abogados

El Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de otorgar la tarjeta profesional a los abogados del país, reporta que actualmente hay 297.468 profesionales del derecho, cifra que supera ampliamente el número de graduados en otras disciplinas.

Muchos factores se podrían citar para determinar la causa del incremento de oferta de abogados. Los estudiantes argumentan que en un país conflictivo como el nuestro, donde la mayoría de las controversias llegan a los estrados judiciales, siempre habrá oportunidades laborales para ellos. Otros dicen que en promedio un abogado puede obtener mayores ingresos que otros profesionales.

Lo cierto es que el aumento de la oferta repercute en el desempleo, disminuye el costo de los servicios y genera graves problemas por la  calidad de la capacitación y conocimiento que tienen los abogados al momento de desempeñar funciones, bien sea en el sector público o privado.

Esto aunado a que no existe una política clara en la formación de la ética profesional, por eso en los actos de corrupción tristemente hay abogados comprometidos.

Como si estas situaciones fueran pocas, el Congreso está contemplando la posibilidad de que los abogados extranjeros puedan litigar en el país sin ninguna clase de control, solo se necesita que sean portadores de un título expedido por un centro educativo de cualquier lugar del mundo y podrán ejercer sin aportar requisitos adicionales.

Esa prerrogativa no la tienen los abogados colombianos en ninguna parte, además porque la normatividad vigente para cada Estado tiene sus particularidades. Por eso cuando un profesional quiere hacer valer sus estudios en otro país, debe hacer homologación.

Colombia posee actualmente 611 abogados por cada 100.000 habitantes, un estándar demasiado alto comparado con otros territorios y si adicionamos abogados extranjeros, estaríamos negando oferta laboral a nuestros connacionales, además de generar mayores problemas que surgen de la dinámica de la ley de oferta y la demanda.

Lo que debe existir son mayores controles para el ejercicio del derecho. Una reglamentación desde el Ministerio de Educación para evitar que cualquier institución que no cumpla los requisitos de alta calidad, incluya en su portafolio la facultad de derecho. Igualmente aplicar de manera drástica los preceptos del Código Disciplinario del Abogado y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que exigen transparencia en el ejercicio de la profesión.

La realidad colombiana es diferente a la de otros países, así como se asegura que Colombia es un país de abogados, también tenemos que señalar que es un país de leyes, porque por cada situación que surge se crea una norma que la regule.

Es por eso que quien ejerza la profesión de abogado debe conocer nuestra historia, idiosincrasia y realidad, al tiempo que tendrá que ‘descontaminarse’ de prácticas perversas que nos hacen mucho daño y nos tienen en esta situación de incertidumbre y falta de credibilidad en las instituciones.

@WilsonRuizO