Dom, 06/23/2019 - 11:08
Imagen: Pixabay

Inclusión y transporte público terrestre intermunicipal en Colombia

El rezago de los municipios, el nivel nacional y las empresas que prestan servicios de transporte terrestre intermunicipal para garantizar la accesibilidad y diseños universales para todos los grupos poblacionales, incluidas las personas en condición de discapacidad, tiene más de seis años desde la expedición de una Ley estatutaria que los obliga a garantizar niveles mayores a 80% de accesibilidad total en el año 2023. El transporte intermunicipal moviliza cerca de 190 millones de pasajeros al año en 38 mil vehículos que no son accesibles, por una infraestructura que también carece de esta característica.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte y de la Cámara sectorial de Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el país el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros por carretera moviliza cerca de 190 millones pax/año (pasajeros al año), en una flota vehicular de aproximadamente 38 mil vehículos de los cuales casi la mitad (48%) son autobuses con capacidad de 32 o más pasajeros.

Esta flota pertenece a 538 empresas habilitadas para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera bajo la modalidad de servicio intermunicipal, en la que se mueve aproximadamente 87% del total de los pasajeros del país, siendo el modo terrestre el más utilizado por los colombianos para transportarse entre ciudades y municipios seguido por el aéreo con 11% del total.

En los 1.122 municipios que reporta la ANDI que existen en el Colombia hay 42 terminales de transporte legalmente habilitadas, homologadas y que cuentan con la respectiva autorización del Ministerio de Transporte para operar. Es decir, solo 3,7% de las ciudades y municipios de Colombia cuenta con terminales de transporte autorizadas en funcionamiento.

Los datos disponibles del más reciente censo de población (2018) del Departamento Nacional de Estadística (DANE) muestran que entre 5% y 9% de la población de los departamentos de Colombia tiene dificultades para realizar alguna actividad, ya sea porque su movilidad está reducida o porque presenta otros tipos de discapacidad. Los departamentos con mayor número de población en esta condición son Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Huila, Nariño y Putumayo con más de 9% de su población en situación de discapacidad.

Por su parte, Cesar, Santander, Arauca, Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca, Caquetá y Guaviare tienen entre 7,1% y 9% de su población en esta condición. Para Sucre, Casanare, Bogotá, Tolima, Meta y Vaupés el porcentaje oscila entre 5,1% y 7%.

La segunda entrega preliminar del Censo de población 2018 reveló que Colombia tiene 45,5 millones de habitantes; es decir, la población en condición de discapacidad oscila entre 2 millones y medio y 4 millones de personas, quedando a la espera el país de los datos definitivos del Censo.

¿Qué oportunidad tiene este número de personas para desplazarse entre ciudades y municipios en transporte público en Colombia?

La Ley estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” establece en su artículo 14 que:

“Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas  con  discapacidad,  las  entidades  del  orden  nacional,  departamental, distrital  y  local  garantizarán  el  acceso  de  estas  personas,  en  igualdad  de condiciones,   al   entorno   físico,   al   transporte,   a   la   información   y   a   las comunicaciones,  incluidos  los  sistemas  y  tecnologías  de  la  información  y  las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público  y  los  servicios  públicos,  tanto  en  zonas  urbanas  como  rurales.  Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:

(…)

2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal.

“Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la prestación directa del servicio.

3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su adopción.

“4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente.

“5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.

(…)”

El plazo que fija la Ley a municipios y transportadores para adecuar su infraestructura, sistemas de comunicación y vehículos a diseños universales ya está corriendo desde hace seis años; sin embargo, esos avances no se evidencian hasta el momento, razón por la cual deberán apretar el acelerador en los próximos cuatro años para superar la meta de 80% de accesibilidad total en el año 2023.

Además de ser un asunto de derechos, el mercado pasivo que está esperando a que haya una oferta de transporte intermunicipal accesible es de entre 2,5 y 4 millones de personas que aguardan poder usarlo como opción de movilidad.

Este deberá incluir componentes de comunicación con los usuarios, infraestructura, vehículos, rutas, paraderos tarifas y medios de pago accesibles para los más de 190 millones de pasajeros que están moviendo al año.

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