Dom, 12/15/2019 - 06:30
Fotografía tomada del siguiente enlace web: https://revistapolitica.co/joven-retenido-por-el-esmad-reaparece-y-da-detalles-de-lo-sucedido/

La democracia agonizante

Colombia ha sido conocida como “la democracia más estable de América Latina”. Esto, porque cuando la guerra fría ardía (vaya oxímoron) por todo el mundo desde mediados hasta finales del siglo XX, Estados Unidos optó por cuidar su patio trasero apagando cualquier vestigio de revolución socialista a punta de dictaduras militares. Del cono sur no se salvó ningún país de la bota militar y en la mayoría del resto del continente los polvorines estallaron de una u otra manera afectando gravemente la democracia ya fuera con dictaduras de izquierda o de derecha. Colombia pareció estar exenta.

 Pero esta “estabilidad” llegó gracias a que los sectores más reaccionarios, elitistas, discriminadores y violentos del establecimiento se unieron para cerrar filas alrededor de un proyecto político que fija un status quo inamovible en el que el país tiene pocos dueños en lo económico y menos propietarios en lo agrario. Haré un recorrido histórico para señalar con mucha preocupación que nos encontramos ante una nueva alianza de las élites, que de manera férrea defenderán sus privilegios sin importar el bienestar del grueso de los colombianos. 

En el país, a pesar de que hubo un gobierno militar de facto de 1953 a 1957, este se dio por un acuerdo entre los gendarmes políticos de los dos partidos tradicionales ante la violencia y los atropellos que se gestaban desde un gobierno impopular y extremista como lo era el del conservador Laureano Gómez, elegido en las elecciones de 1950 sin haber tenido oposición porque el partido liberal no presentó candidato oficial ante la falta de garantías. En 1948 había sido asesinado su principal candidato para esas elecciones, Jorge Eliécer Gaitán. Cuando Gustavo Rojas Pinilla quiso extender su mandato (el militar que reemplazó al gobierno de Gómez para ese momento en manos de su designado Roberto Urdaneta), los mismos gendarmes que lo habían puesto allí no tuvieron reparo alguno para pedirle a una junta militar que asumiera el mando mientras se convocaban las primeras elecciones de lo que se conoció como El Frente Nacional. Este fue un acuerdo que se hizo de espaldas al pueblo de manera soterrada entre los líderes del partido liberal y el partido conservador en las ciudades de Sitges y Benidorm en España, en el cual se repartían el poder quirúrgicamente durante los siguientes 16 años (desde 1958 hasta 1974) alternándose la Presidencia de la República por períodos de cuatro años, como estaba ya establecido en la Constitución Nacional de 1886.

El Frente Nacional dejó por fuera del poder a todas las fuerzas de izquierda porque el partido liberal ya había roto sus vínculos políticos con campesinos, obreros y líderes comunistas para congregar solo a algunos líderes intelectuales y burócratas estatales con ideas progresistas, pero que hacían parte de la alta alcurnia del país. La mayoría de los líderes liberales, para ese entonces, venían reencauchados o eran delfines de la hegemonía liberal que gobernó a Colombia desde 1930 hasta 1946. Es decir, el Frente Nacional fue un pacto de élites políticas liberales y conservadoras, principalmente de Bogotá, que excluyó de tajo a todas las fuerzas políticas populares y las relegó del poder, impidiéndoles no solo que tuvieran legítimas pretensiones democráticas para acceder a este. Además, desde el Estado cooptado por los partidos tradicionales se inició una cacería feroz en contra de todas las luchas por las reivindicaciones de las clases menos favorecidas y sus líderes, esas mismas que otrora hubiera representando el partido liberal y que ahora abandonaba a su suerte para aliarse desde las élites al partido conservador.

Así “la democracia más estable de América Latina” se vestía con una fachada inmaculada de racionalidad para mostrarle al mundo cómo era que se zanjaban las diferencias ideológicas que en el pasado habían generado violencia. Ahora, gracias a la capacidad de generar acuerdos y consensos entre los cuadros de los partidos que antes habían estado enfrentados, resurgía la paz después de décadas de un conflicto descarnado y cruel que había dejado a su paso millares de muertos.

Lo que no contó el establecimiento colombiano era la manera como pensaban eliminar el disenso que provenía desde los sectores populares más vulnerables y las corrientes políticas de izquierda más radicales: la aniquilación física del contradictor por la vía militar y paramilitar; el despojo de las tierras de los rebeldes; y la estigmatización política de los líderes de la izquierda para que fueran considerados forajidos, odiadores, enemigos de la paz, factores de desestabilización, y por supuesto, bandoleros, con armas o sin ella, que debían ser procesados por la justicia o ajusticiados directamente por las autoridades del régimen. Y de esta manera procedieron.

En este contexto surgieron los grupos guerrilleros en la década de los 60s. Algunos perduraron al menos tres décadas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de corte prosoviético, el Ejército Popular de Liberación (EPL), orientado hacia el maoísmo chino, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inspirado en el movimiento revolucionario cubano que se hizo al poder de la isla en enero de 1959. Inicialmente, estos grupos guerrilleros surgieron como autodefensas campesinas, organizados ante los embates de las fuerzas militares que tenían la obligación de sofocar cualquier brote revolucionario por la vía de la fuerza siguiendo las órdenes de los que habían pactado el Frente Nacional, dentro de un proceso de pacificación a las malas que se gestó en dichos diálogos.

Hoy en día, muchos en Colombia desconocen esta parte de la historia,  atribuyéndole a las guerrillas en su origen la misma línea de acción de su ocaso: grupúsculos de delincuentes en el ámbito local confederados en movimientos guerrilleros de cobertura nacional, cuyo único fin es el de atacar la vida, honra y bienes de la “gente de bien” del país, justificados por un resentimiento criminal e insano al que le han dado un trasfondo político y un discurso ideológico. No, los historiadores serios dirán que las guerrillas colombianos surgieron dentro de un contexto hostil y violento en contra de los movimientos campesinos, obreros y populares y que muchos de ellos encontraron en las armas su única manera de organizarse y sobrevivir. Sobre esta época la literatura es rica, amplia y variada. Cada uno podrá formar su propio criterio al respecto si lee más allá de la basura que se difunde calculadamente en las redes sociales.

Fue tan descarado el poder omnímodo del Frente Nacional que cuando el conservador Misael Pastrana Borrero perdió las elecciones en 1970, el gobierno de su antecesor liberal, Carlos Lleras Restrepo, no tuvo reparo alguno en robarle esas elecciones al “exdictador” Gustavo Rojas Pinilla quien se había lanzado por un movimiento emergente llamado la Alianza Nacional Popular (ANAPO) alterando el resultado final de las elecciones con maniobras fraudulentas en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta maniobra la confesó en el ocaso de su vida Carlos Augusto “el tigrillo” Noriega, Ministro de Gobierno de Lleras para el momento. De esta maniobra fraudulenta surgió el grupo guerrillero M-19, de carácter menos radical en cuanto a lo político y de accionar más urbano, porque la trampa se concretó en las elecciones del 19 de abril de 1970.

Y a pesar de que el Frente Nacional caducó en 1974, los gobiernos subsiguientes mantuvieron férreas políticas de represión en contra de las manifestaciones populares y las disidencias ideológicas, llegando a gobiernos tan represivos como el del liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Mediante el Estatuto de Seguridad Turbay Ayala legalizó la tortura, desaparición y el asesinato de cientos de líderes de izquierda llevados a la fuerza a las guarniciones militares para ser “interrogados” en una violación sistemática y cruel de todos sus derechos.

Es decir, mientras en América Latina las dictaduras militares se oponían a la voluntad popular de las masas que elegían gobiernos de izquierda, como sucedió en Chile en 1973 cuando Augusto Pinochet derrocó por un golpe de Estado al socialista Salvador Allende, quien había sido elegido legítimamente y por voto popular en 1970, Colombia elegía por la misma vía a los verdugos de la izquierda.

Sin embargo, la izquierda en Colombia nunca desapareció. Al menos no en el campo ideológico. En el militar, los grupos guerrilleros que no se desmovilizaron fueron perdiendo su norte hasta que se convirtieron, metidos en medio de las dinámicas rurales del narcotráfico, en un actor más de esa economía con todo y lo que la degradación moral e ideológica implica cuando el dinero vence los valores y los principios revolucionarios.

La gran muestra de la supervivencia de la izquierda progresista y la alternatividad política por fuera de los partidos tradicionales se dio en las elecciones constituyentes de 1991. La AD-M19 logró 19 escaños de 70 posibles. Un renovado partido liberal con figuras que venían de movimientos políticos de centro izquierda logró 25 plazas. La UP y los movimientos indígenas sumaron cuatro puestos más. Sin duda, la Constitución de 1886 sería enterrada para siempre, al menos en el papel.

Sin embargo, los movimientos reaccionarios no se han quedado cruzados de brazos. Las mutaciones ideológicas de los partidos políticos tradicionales, además de la eclosión de un sinnúmero de partidos y movimientos que se propició después de 1991, ha reconfigurado el panorama político en Colombia. En la actualidad, de una manera ligera y efectista algunos opinadores y analistas han decidido clasificar el espectro político en Colombia entre derecha, centro e izquierda, metiendo en estos costales tendencias tan variopintas y contradictorias que no resisten ningún análisis serio. Sin embargo, para efectos prácticos, es la clasificación que más ha calado en el inconsciente colectivo. Al menos el que se mueve en redes sociales que todo lo simplifica al extremo.

Lo que han desnudado tanto el proceso de negociación con las FARC en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos como la elección de Iván Duque en la Presidencia es que el país una vez más cayó en una pacificación aparente que no es más que el preludio de un nuevo ciclo de violencia. Porque, como siempre lo he afirmado, en Colombia la violencia es como la materia, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma.

Los sectores radicales que hoy rodean a Iván Duque son los mismos sectores que firmaron el Frente Nacional a finales de la década de los 50s. Solo basta ver en la foto de la segunda vuelta a Gaviria, Pastrana, Vargas Lleras y Uribe en lo político, Sarmiento Angulo, Santodomingo, Ardila Lulle en lo económico,  a José Felix Lafourie en lo agrario y Vivian Morales y Alejandro Ordoñez en lo religioso, para comprender quiénes son los dinosaurios plutócratas, feudales y trogloditas que sostienen los pilares de un establecimiento exclusivo y excluyente. Ese que se niega a ceder el poder y que va a utilizar todos los medios que tiene a su alcance para reprimir la protesta social y aniquilar la disidencia ideológica a como dé lugar.

Pero ahora no la van a tener tan fácil. Si bien lograron recuperar el monopolio legítimo de las armas que ahora usan contra el pueblo porque lograron desmoronar y deslegitimar el proyecto armado revolucionario desde sus bases, el descontento del pueblo en las calles se ha hecho escuchar sin tregua y con cada vez más aliados, poniendo a Colombia en el centro del debate internacional sobre el despertar de los movimientos populares y de las revoluciones pacíficas en América Latina.

La única oportunidad que tiene el establecimiento para coartar la voluntad popular en las elecciones de 2022, como ya se notó en las elecciones regionales de 2019, es herir una vez más de muerte a la democracia como sucedió con el Frente Nacional. Y lo van a hacer. El Ejecutivo y las mayorías del Legislativo están aliados para imponer una dictadura legal a través de proyectos tan absurdos como la regulación de la protesta social. Sin embargo, si sobrevive la Corte Constitucional y con ella la Constitución de 1991, no les será posible y con esperanza les digo que en 2022 veremos un rayito de sol después de una horrible noche de más de 200 años. Pero es posible que la democracia ya esté agonizante. Todo depende de que no desfallezcamos en la resistencia. Si con esto no comprenden el poder de las protestas actuales y los que aún no creen en ellas a pesar de que el establecimiento les sigue pasando por encima, no lo van a entender con nada. Levántese de su cama, salga de su oficina, suelte las herramientas de la fábrica en la que enriquece todos los días al dueño mientras usted sigue viviendo en condiciones miserables y salga a protestar. O al menos, deje que quienes sí lo están haciendo por usted lo sigan haciendo sin que usted diga las estupideces que el uribismo le pone en memes. ¡Reaccione! ¡Reaccionemos! Nos estamos jugando los últimos vestigios de democracia. ¡Ahora o nunca!

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