Lun, 11/18/2019 - 15:16
Imagen tomada del portal muertebolivar.wordpress.com

Marchar para liberarnos del Libertador

La protesta social es un derecho constitucional que se expresa de manera clara en el artículo 37 de la Carta de la siguiente manera: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho". Como pueden ver, las manifestaciones no necesitan justificación alguna desde el punto de vista legal y no existe una ley que las limite. Por supuesto, la protesta se debe hacer de manera pacífica y si se presenta alguna alteración del orden público existen normas y procedimientos para actuar según sea el caso. Por eso la legalidad de las protestas no está en discusión. La discusión está en su legitimidad.

El gobierno insiste en que las protestas se hacen con base en desinformación y en noticias falsas, resalta los logros de quince meses de gestión y culpa, como no, de lo que va mal o no mejora a la anterior administración, algo que se ha convertido en la estrategia obligada de los gobiernos que no despegan. Pero la verdad es que más allá de las teorías conspirativas y la paranoia de Duque y sus colaboradores, la gente común está cansada no solo con el gobierno de turno, sino con el rígido, discriminador y excluyente estatus quo que impera en Colombia desde su fundación como Nación.

La herencia que le quedó a Colombia de la colonia española fue tan fuerte que sirvió de pilar fundamental para construir la identidad de Patria, que, con algunos matices, perdura hasta nuestros días. Y es que la independencia de Colombia y de toda América Latina no se gestó sobre los presupuestos de recuperar la identidad usurpada por el conquistador para recuperar la esencia precolombina. No, por el contrario, se gestó desde las ambiciones de las élites criollas descendientes directas de los españoles que se sentían discriminadas por una corona lejana y en problemas. Porque ese reinado, mientras intentaba mantener su dominio sobre sus territorios de ultramar a sangre y fuego, era víctima de su propia invasión continental a cargo de los ejércitos de Napoleón Bonaparte.

Entonces, la identidad que se forjó en el proceso de independencia robusteció la organización política, social, económica e incluso filosófica de la herencia colonial y lejos de transformarla, la radicalizó. Al menos en Colombia. Después de décadas de permanente confrontación entre las ideologías liberales y conservadoras para definir qué era Colombia, en las postrimerías del siglo XIX se impuso la visión católica, centralista, blanca, elitista, tradicional y feudal que quedó plasmada en la Constitución de 1886. Es decir, se impusieron los conservadores y lo hicieron interpretando de manera fiel la visión que el Libertador Simón Bolívar tenía sobre las naciones que liberó del yugo español.

Para ilustrar lo anterior, voy a transcribir un aparte de la célebre Carta de Jamaica en la que Bolívar hizo una exposición detallada sobre el destino que debería tomar cada una de las patrias a las cuales les acaba de dar la independencia después de años de memorables batallas contra las tropas realistas distribuidas por América Latina. Este es el aparte en donde habla de Colombia y por consiguiente de Venezuela y Ecuador, dado que su sueño era juntarlas en un solo país, sueño que fue rápidamente frustrado por la inercia de la historia:

“La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a conve­nirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo o una nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas (en honor de este héroe de la filantropía), se funde entre los confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahíahonda. Esta posición, aun­que desconocida, es más ventajosa por todos respectos. Su acceso es fácil, y su situación tan fuerte, que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cría de ganados, y una grande abun­dancia de maderas de construcción. Los salvajes que la habitan serían civilizados, y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Goajira. Esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al criador de nuestro hemis­ferio. Su gobierno podrá imitar al inglés; con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república; una cá­mara o senado legislativo hereditario, que en las tempestades polí­ticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Esta constitución parti­ciparía de todas formas, y yo deseo que no participe de todos los vicios. Como esta es mi patria, tengo un derecho incontestable para desearla lo que en mi opinión es mejor. Es muy posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento de un go­bierno central, porque es en extremo adicta a la federación; y en­tonces formará por sí sola un Estado que, si subsiste, podrá ser muy dichoso por sus grandes recursos de todos géneros.”

En este párrafo, corto pero revelador, Simón Bolívar define con magistral concreción su visión absolutamente eurocentrista de lo que debía ser la Colombia independiente. Es decir, Colombia fue independizada por una persona con mentalidad de colonizador. La organización política la concibió a imagen y semejanza de Inglaterra, una sociedad profundamente estratificada para la época, en donde la esencia del legislativo bicameral parte de un asunto de clases. La cámara alta o senado es para los representantes de la nobleza y la cámara baja es para los representantes del pueblo. Dentro de esta concepción, el diálogo político se establece entre clases y no entre individuos. Bolívar también concebía para Colombia una sociedad dividida por los privilegios de clase y así entendió también la organización política. Incluso, le dio carácter hereditario al Senado, sobre el supuesto de que una clase tendría el derecho de heredar sus privilegios, entre estos, los privilegios políticos. Por supuesto, gobernar era parte de las atribuciones que solo le corresponderían a las élites que no podrían heredar el poder en términos de sangre, más para guardar las formas que le corresponden a una República, que por algún impedimento ético o moral.

De otra parte, el trato que Bolívar da a las minorías étnicas, que en teoría debieron ser los más beneficiados por la libertad del abuso y las arbitrariedades del conquistador español, es decepcionante. En el segmento que se refiere al aprovechamiento de Bahíahonda (un territorio de la Guajira entre lo que hoy son Colombia y Venezuela) para la agricultura, la cría de ganados y la explotación de la madera, se refiere a los indígenas asentados en la región de la siguiente manera: “Los salvajes que la habitan serían civilizados”. Son solo siete palabras pero resumen de una manera elocuente la percepción que Bolívar tiene sobre estas minorías. La visión homogenizante de la civilización deriva en la aniquilación de las cosmovisiones diferentes. Por eso los salvajes deben ser civilizados. En la conquista a esa civilización la llamaron evangelización. Fueron profundas y prolongadas las discusiones entre Fray Bartolomé de las Casas y el conquistador Juan de Sepúlveda para definir asuntos tan complejos como si los indígenas tenían alma o no, si eran humanos o no, y si sacrificarlos se podría considerar como pecado o no. Pues bien, a pesar de que Bolívar en la carta de Jamaica considera a de las Casas como un “héroe de la filantropía”, termina dándole la razón a Juan de Sepúlveda llamando a los indígenas “salvajes”. Civilizar salvajes para aprovechar territorios en la cría de ganado resulta ser algo muy contemporáneo. Aunque en nuestros días la palabra “civilizar” tiene una connotación letal.

La marcha es contra el gobierno, pero más que contra el gobierno, es contra lo que el gobierno representa dentro de esta pirámide social, política, económica y cultural que nos ha venido dominando durante los últimos doscientos años. Es como si la Constitución de 1886 se negara a morir a pesar de la Constitución de 1991. Es como si le debiéramos una gratitud eterna a Bolívar y que preservar su legado político fuera nuestra retribución.

Porque es que el actual gobierno representa todo lo que Bolívar quiso: Una sociedad dividida entre una clase dominante elitista, exclusiva y excluyente de industriales, empresarios y banqueros y una clase baja amplia y desposeída, de preferencia sumisa, que acepte desde una perspectiva muy católica su pobreza porque a los pobres todo les será recompensado en el reino de los cielos. La reforma tributaria o la llamada ley de financiamiento es una muestra de ello, porque toda la carga impositiva que se le quita a los grandes empresarios se traslada gradualmente a una clase media que desaparece poco a poco entre deudas impagables sobre bienes que nunca pueden tener y gravámenes asfixiantes a cada centavo que se levantan legítimamente.

Una sociedad que sigue viendo a sus indígenas como seres inferiores que deben ser “civilizados” y no como el sustento cultural de nuestros saberes ancestrales, como nuestra identidad más genuina, como la alternativa más acertada para enfrentar los desafíos de una humanidad en decadencia que lejos de aprender a convivir con la naturaleza la está aniquilando. Los indígenas sabían ser parte de su entorno antes de que llegaran los españoles y lo siguen haciendo ahora, sobre su cosmogonía reposan las claves de la supervivencia. El respeto por su cultura nos haría más grandes como nación. Pero no, los están matando. Todos los días los están matando a plena luz desde caravanas de la muerte escoltadas por la fuerza pública.

Como estas, hay muchas más razones para marchar el 21 de noviembre. Gran parte de la población en Colombia está cansada de que se siga desconociendo el carácter plural del país que se consagró en la Constitución de 1991, de vivir sometidos bajo un sistema de privilegios en donde las mejores oportunidades no son para los que hacen más méritos sino para aquellos que tienen los apellidos de alcurnia, de linaje, de afortunados y bendecidos. Lo peor es que aún hay muchos en la base de esa gran pirámide de piso amplio y cúspide estrecha que prefieren escalar a codazo limpio para llegar al curubito prescindiendo de cualquier moral o ética, parándose en la cabeza de sus compañeros de clase, porque en Colombia hay arribistas de todos los estratos.

Es hora de marchar para enterrar por fin a Bolívar. Tenemos que liberarnos del Libertador y de todos los prejuicios sobre los que concibió esta Patria. Tenemos que agradecerle por la libertad pero es hora de que nos ganemos nuestra propia independencia, la de verdad, la que promueve la libre autodeterminación de los pueblos. Es hora de enterrar definitivamente la Constitución de 1886 y hacer valer la de 1991, que con todo y sus contradicciones y errores por fin nos liberó del yugo de la iglesia católica, del centralismo radical, del racismo y la exclusión y consagró derechos fundamentales para todos. Al menos en el papel. Es hora de que marchemos para que por fin en Colombia sean más valiosos esos derechos para todos que los privilegios inmerecidos de unos pocos. Es hora de que Bolívar descanse en paz para construir una nueva Patria, una en la que de verdad quepamos todos. Hay que marchar cargando el ataúd de Bolívar para darle una digna sepultura. Ya es justo.

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