Lun, 07/20/2020 - 08:23

Mujeres violentadas en aislamiento, sin protección del Estado

La violencia de género en el marco de la cuarentena es el único delito que no disminuyó, muy por el contrario, sus cifras aumentaron en un 8,5% con respecto al año anterior.

En esta sociedad patriarcal y discriminatoria las mujeres y los niños desafortunadamente fueron encerrados con sus agresores desde mediados de marzo, lo que desbocó los casos de violencia intrafamiliar y con las comisarìas de familia cerradas, las cifras son inexactas y con considerable subregistro.

Según el instituto de medicina legal en lo que va del año se reportaron 16.473 casos de violencia intrafamiliar y 6400 casos de violencia sexual sin consecuencias fatales.

Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, señala que la poca capacitación en asuntos de violencia de género en e país lleva a que los funcionarios tomen las denuncias “como exageradas” y si a eso le sumamos un aparato judicial dilatorio y congestionado tenemos como resultado que de marzo a junio de este año van 70 muertes de mujeres con 41 capturados, 21 acusaciones y ninguna sentencia.

Este escenario evidencia que el Estado no garantiza la seguridad de las víctimas, las comisarìas no han entendido que ante una denuncia la respuesta debe ser inmediata protegiendo a la mujer y sus hijos y así prevenir o dar fin a un ciclo de agresiones o expresiones de violencia que desembocan en un posible crimen de odio o feminicidio. 

En el 2015 se dio vida a la ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely que permitió la aplicación de sentencias condenatorias sin preacuerdos con la fiscalía y reducidas rebajas de pena por aceptación de cargos, pero ¿por que esperar  a que muera la mujer para activar el sistema y entrar a castigar el agresor? tenemos que empezar a trabajar por políticas que realmente estén del lado de la mujer y sus hijos, pues en el sistema actual ante el reporte de violencia intrafamiliar la mujer es extraída de su vivienda dejando a sus hijos a merced del agresor lo que desmotiva una denuncia formal.

Si vamos más allá el mismo Instituto de Medicina Legal reporta que hay 899 valoraciones del riesgo. Es decir que son 899 mujeres potenciales a ser incluidas en las estadísticas de muerte o lesiones no fatales por violencia intrafamiliar, esto se refiere a los casos de mujeres que no denuncian porque su agresor es el proveedor económico de su hogar y en el silencio cómplice de la familia sufren atrocidades impensables.

Dònde está la corresponsabilidad del estado, donde está la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, donde está el ICBF donde están las agremiaciones solidarias con las mujeres y los menores que no los vemos que salgan, dignifiquen y protejan sus derechos, No solo por violencia pues el sometimiento sexual y social son invisibles ante los ojos del sistema penal. La mujer agredida debe recibir protección en su hogar y un aporte económico que le permita mantener la educación y alimentación de sus hijos mientras ella se prepara en un quehacer con el que pueda garantizarles la crianza. 

En las regiones debemos hacerle seguimiento a la creación de la comisión legal para la equidad de la mujer en los concejos y asambleas o LEY 1981 DE 2019. este gran paso nos acerca a una verdadera equidad en los diferentes sectores desde los municipios hasta las más extensas ciudades.

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