Dom, 12/08/2019 - 06:03
Tomada de la página de la BBC.

Yuliana Samboní y el populismo punitivo

El pasado cuatro de diciembre se cumplieron tres años de la tortura, violación y asesinato de la niña Yuliana Andrea Samboní Muñoz, quien para la época apenas tenía siete años de edad.

Este, que parecía ser un crimen lo suficientemente cruel para llamar la atención de toda la sociedad, al final solo fue un acto más de la violencia infinita que se ensaña contra la infancia de un país enfermo como Colombia. Y por lo menos sobre el caso de Yuliana podemos decir, con tremenda indignación y entre lágrimas, que su torturador, violador y asesino, está en la cárcel purgando una larga condena. Muchos de los infanticidios en Colombia han quedado en la absoluta impunidad.

La respuesta de algunos sectores del Estado contra la violencia hacia los menores de edad ha sido la de contraatacar el fenómeno con populismo punitivo, impulsando lo que se ha conocido como “la ley Gilma Jímenez”, por ser esta excongresista ya fallecida la abanderada de la protección de los niños mientras ejerció cargos públicos. En pocas palabras, este proyecto de ley pretende imponer la pena de cadena perpetua para infanticidas y abusadores de menores de edad.

Rafael Uribe Noguera, el asesino de Yuliana, fue condenado inicialmente a 52 años de prisión en primera instancia y luego el Tribunal Superior de Bogotá incrementó la condena a 58 años. En Colombia la pena de prisión más severa no supera los 60 años, por lo tanto, la condena de Uribe Noguera está dentro de lo esperable para un crimen de esta envergadura. Este sujeto, si cumple su condena completa (como debe ser por no poder ser objeto de rebajas ni concesiones de acuerdo con la ley vigente), saldrá de la cárcel (si es que sale) siendo un anciano con muy pocos años por delante. Y en el caso de un joven de 18 años, edad mínima con la que una persona debe responder penalmente como mayor de edad, si es condenado a 60 años, no saldrá antes de los 78 años. Es decir, en la práctica la cadena perpetua en Colombia existe, porque una persona que recupera su libertad a los 78 años, ya ha pasado su vida en prisión. La libertad a esa edad debe ser mucho más cruel que extender su condena hasta la muerte, porque salir de la cárcel casi a los ochenta es, sin duda, salir a enfrentar la miseria de las calles sin vitalidad alguna para soportarla.

Por ello, seguir insistiendo en que la cadena perpetua es “la” vía para atacar el fenómeno del maltrato infantil en Colombia, es estar buscando la fiebre en las sábanas. El asunto es mucho más complejo y el abordaje del fenómeno debe ser mucho más sociológico y antropológico que judicial. La terquedad de algunos sectores sociales y estatales alrededor de este debate está desviando el foco sobre lo que verdaderamente se debe discutir. Es fácil predecir que el impacto de la cadena perpetua para estos crímenes tendrá una incidencia mínima, si no se plantea una discusión más profunda y trascendental que tiene que ver con el trato que le estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes como sociedad, desde lo estatal y desde lo ciudadano, porque ningún sector se salva a la hora de endilgar responsabilidades sobre la deplorable situación de los menores de edad en Colombia.

El debate se debe concentrar en la calidad de vida de los menores, no en las penas a infligir contra sus agresores. Si creen que la cadena perpetua será una medida disuasiva están muy equivocados. A un asesino, torturador y violador de menores como Rafael Uribe Noguera, le dará igual si en el estrado judicial le dicen que está condenado a 52 años o a cadena perpetua. Además, ese hecho por sí solo no le va a devolver la vida, la integridad ni la dignidad a Yuliana ni a ningún otro niño o niña asesinados. Ese sujeto sabe que tiene muy pocas posibilidades de salir con vida de la cárcel si cumple su condena como ya lo prevé la ley. En otras palabras, al criminal le da lo mismo. Y los niños violentados no dejarán de estarlo por más severas que sean las condenas.

Por el contrario, si el debate se concentra en reivindicar a los infantes vivos y no a los familiares de los menores muertos, torturados o violados, quizá haya cada vez menos familias destrozadas por estos hechos y, por lo tanto, menos necesidad de pensar en medidas de castigo, restauración y reparación. Seguir alimentando el 52% de hacinamiento carcelario en Colombia para satisfacer a aquellos que creen que justicia y cárcel son lo mismo, está generando consecuencias indeseables en todos los aspectos.

El populismo punitivo parte de la premisa de que la esencia de la justicia está en el castigo, y castigo en Colombia se ha equiparado a venganza, yendo en contravía de la esencia misma del concepto de justicia. El castigo es una manera específica de responder a daños en la armonía social, transgresiones a los preceptos de la sana convivencia ciudadana, y alteraciones de la paz y la tranquilidad de una comunidad mediante actos censurables o condenables. A lo que aspira una sociedad justa es a vivir en paz y que el castigo sea la última y no la primera solución dentro de la conflictividad inherente a la convivencia. El populismo punitivo invierte el proceso y destroza las posibilidades de las comunidades para resolver sus propios conflictos por la vía pacífica y concertada que evita la violencia y propicia la reconstrucción del tejido social con el objetivo de poder seguir conviviendo.

Por eso, es imperioso que como sociedad recuperemos la capacidad para comprender los fenómenos conflictivos en su integridad y se trabaje con mayor ahínco en medidas preventivas y políticas públicas que propicien la sana convivencia, la construcción de ciudadanía y la solución pacífica de los conflictos. En ese orden. La sana convivencia es la base de cualquier entendimiento y esta se cimienta sobre dos principios: El respeto por el otro y la capacidad de diálogo para comprender las visiones de los demás. La construcción de ciudadanía es un proceso que se facilita gracias a la sana convivencia, porque las comunidades comprenden que las personas no solo se deben soportar unas a otras en paz, sino que además deben trabajar unidas para lograr objetivos comunes que contribuyan a su bienestar y desarrollo. Y la solución pacífica de los conflictos es la capacidad que generan esas comunidades organizadas para comprender desde su propia cotidianidad las causas de las disputas; es un proceso en que las partes tienen la oportunidad de sentarse y abordar las raíces del conflicto -y no solo sus formas-, con el objetivo de recuperar la armonía en las relaciones entre los miembros de esa comunidad.

Yuliana Samboní fue raptada a la vista de varios testigos que se quedaron impávidos y desorientados viendo cómo Rafael Uribe Noguera la subía a su camioneta y salía raudo con ella hacia rumbo desconocido. Estaba sola y desprotegida, sin mayor escolta que otros niños que jugaban a unos metros de ella. Las comunidades unidas son menos vulnerables a estos ataques infames de los buitres que las rondan. Las comunidades unidas son fuente de principios que las hacen fuertes como la empatía, la fraternidad, el apoyo mutuo y la construcción mancomunada de redes de tejido humano que les permiten suplir a punta de solidaridad las necesidades particulares. En muchos vecindarios la seguridad de los menores se resuelve con acuerdos tan simples como “vecina, le recomiendo a mi niña”, con la respuesta de “tranquila vecina, yo le cuido a la niña mientras cuido a mis niños”, cuando existe la confianza para delegar este tipo de responsabilidad en personas que se saben conocidas y buenas.

Por lo anterior, antes de seguir fracturando a la sociedad en torno a temas tan radicales y polarizantes como la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores que no solucionan para nada el problema de fondo, debemos sentarnos a pensar con todos los recursos sociales, comunitarios y académicos cómo lograr construir comunidades más unidas y solidarias. Quizás allí encontremos que el daño que le está haciendo la masacre de líderes sociales a las comunidades no es menor ni tangencial, y que más que una persona están aniquilando el concepto mismo de comunidad, porque son los líderes quienes unen a sus comunidades y promueven este tipo de iniciativas que redundan en la sana convivencia, la construcción de ciudadanía y la solución pacífica de los conflictos. Quizá descubramos quiénes están detrás de estos crímenes sistemáticos y qué intenciones tienen al romper la cohesión social e infundir el temor entre los miembros de un grupo social. Quizá lleguemos a la génesis de los intereses de quienes nos quieren ver permanentemente divididos y enfrentados, que en público dicen “no polaricen” mientras en privado están moviendo los hilos para que las comunidades unidas y solidarias se derrumben y se dispersen para quedarse con sus tierras, sus bienes, su vida y sus ilusiones.

El populismo punitivo es el gran distractor de los problemas de fondo del país. Ese afán desmedido por ver en la cárcel a miles de personas con base en un deseo que tiene que ver más con la venganza que con la justicia, nos está dejando ciegos para ver que el problema va mucho más allá del castigo. El problema es que poderes oscuros del establecimiento, que en el día brillan por los medios y por las noches se unen en un perverso contubernio para repartirse el país como si fuera el botín de un robo, ponen estos temas en la agenda para que nos ensañemos los unos contra los otros defendiendo y atacando soluciones tan inviables como absurdas en un Estado que al menos en el papel se proclama como un Estado Social de Derecho.

Hoy Yuliana tendría diez años, seguramente estaría jugando con sus amiguitos pensando qué sería cuando fuera señorita, presumiendo su belleza mestiza y cuidando a su hermanito menor que ya debe tener dos años y medio. El objetivo de una sociedad justa no es qué hacer con los torturadores, asesinos y violadores de sus menores. Ese es el objetivo de una sociedad enferma y resignada a que esto seguirá pasando indefinidamente. El objetivo de una sociedad que quiere recuperar su dignidad, su esperanza y su futuro es cómo va a fortalecer a las comunidades para que sean ellas las que protejan a sus menores dentro del marco de valores solidarios y mancomunados.

La clave está en comprender, desde un análisis integral de la situación del país, cómo aportamos desde lo individual y lo colectivo a la sana convivencia, la construcción de ciudadanía y la solución pacífica de los conflictos. El populismo punitivo es el reconocimiento de una sociedad derrotada, que por no haber podido con todo lo demás, cree que la venganza es la única vía para recobrar el imperio de la justicia. Y no es así. El imperio de la justicia no tiene cárceles. Tiene personas felices que no necesitan cárceles que cada vez son menos porque no hay condenados para llenarlas. Existen ejemplos en el mundo. Revísenlos señores congresistas. No nos condenen a no tener futuro como país, como le pasó a Yuliana como niña.

 

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Cuanto más reclame una sociedad castigo y cárcel más esconde la corrupción que se sigue escondiendo bajo la cama como cuando se barre para limpiar pero la basura queda camuflada tras las cortinas...

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