El periodista, concejal y aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, ha estado en el centro de debates sobre la violencia machista y el rol de la oposición progresista en el desmantelamiento de la desigualdad de género. Esto se debe a una serie de denuncias por violencia intrafamiliar y acoso sexual que han emergido desde la semana pasada, y que han puesto en duda la labor de Morris como defensor de derechos humanos y político de oposición.

El pasado 17 de enero a muy tempranas horas de la mañana el país fue sacudido por un acto terrorista sucedido en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital.

El ELN perdió una gran oportunidad para acogerse al proceso de paz y lograr un pacto de sometimiento a la justicia con garantías para la reincorporación a la vida civil. Los integrantes de esa organización podían obtener beneficios con la dejación de las armas a pesar de todos los crímenes, violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos desde su conformación, en la década de los sesenta.

Estaba en mi casa viendo televisión, como generalmente lo hacía todos los días a la hora del almuerzo. Para aquel entonces yo llevaba unos pocos meses de ser Corresponsal de Noticias RCN en Manizales. Ese día, a la 1 y 19 minutos de la tarde, como quedó marcado en un reloj que cayó al piso y se detuvo con el golpe, las paredes del pequeño apartamento comenzaron a sacudirse con tal intensidad que hicieron que me pusiera de pie inmediatamente.

Las denuncias de Patricia Casas, esposa del concejal Hollman Morris, sobre violencia intrafamiliar corren el riesgo de pasar a los anaqueles de la ignominia. Tal como ella lo temía y lo expresó públicamente el poder del aspirante a la alcaldía de Bogotá puede hacer que ella quede como la victimaria y el concejal salir airoso como la víctima. Ya se ven los intentos de generar ese tipo de esperpentos justificacionistas como los que aparecen cuando una mujer es violada y se riega la especie de que la culpable era ella por llevar minifalda o por ser provocadora.

La audiencia que se celebra hoy contra Paola Solarte está manchada de irregularidades. Luego de que la justicia se viera en calzas prietas para aceptar el reconocimiento de responsabilidad penal de una persona, prácticamente en estado de alteración emocional, debido a las presiones circunstanciales armadas por la Fiscalía para lograr que se allanara a cargos, hasta el punto que la propia Juez se vió obligada a aplazar la audiencia al ver el estado mental de la imputada, finalmente y en volandas tanto el fiscal Jaime Alonso Zettien y el misterioso abogado defensor Alfredo Rodríguez Montana, pareciera que la están conduciendo a su propio cadalso.

Como dice la sabiduría popular, lo que empieza mal termina mal y, eso precisamente, es lo que le está pasando a la gigante EPM con su proyecto estrella, Hidroituango. Bien es sabido que el mega proyecto eléctrico tiene en vilo de nuevo al país y con los pelos de punta a más de diez municipios aguas arriba y otros tanto aguas abajo, que hoy viven incertidumbre por los recientes eventos, que conllevaron al cierre de la compuerta dos de casa de máquinas, debido a un nuevo episodio suscitado con un socavón detectado a finales de diciembre que conectaría con los dos túneles de captación. Este hecho hizo que finalmente y por razones de seguridad, EPM tomara tal decisión.

Es paradójico que mientras los desmovilizados de las Farc hablan del incumplimiento de los acuerdos de paz, uno de sus más influyentes cabecillas, Iván Márquez, permanece en la clandestinidad en una clara muestra de violación a los compromisos.

Los usuarios habituales y no habituales de los sistemas de transporte público en las ciudades pueden hacer mucho por estos. Buenas prácticas y hábitos son necesarios para contribuir con una buena experiencia de viaje. El uso del transporte público contribuye con la sostenibilidad de las ciudades y del planeta.

Hace tiempo pronostiqué que a Colombia volverían los años 80, es decir, el Narcoterrorismo.