Las perturbaciones de los últimos días revivieron el debate sobre el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de quienes integran este cuerpo de policía. Desde su creación, en el año 1999 durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, son varias las ocasiones que se ha buscado eliminar el ESMAD con discusiones promovidas por los partidos y movimientos políticos de oposición, es por ello que las propuestas al respecto toman un sesgo político.

Las protestas que siguen transcurriendo en Colombia están moviendo el velo de la historia. Más allá de los resultados inmediatos que puedan obtener los manifestantes, lo que se evidencia es que las personas en las plazas y las calles han perdido tanto, oprimidos por el peso de la pirámide social que impera en Colombia desde hace dos siglos, que ya tienen poco o nada para perder.

A continuación presentamos el escrito de Edwin Manuel García, lector de la Revista Enfoque que nos envía su réplica tras la publicación de la columna de opinión "Marchar para liberarnos del libertador" de Andrés Felipe Giraldo López.

Qué momento tan interesante el que vivimos en Colombia por estos días, pleno de señales para considerar desde diferentes enfoques (social, económico, político, religioso, ético, psicológico, etc.), todos ellos coincidentes en un aspecto: Humano.

Las marchas del pasado 21 de noviembre, en las que participaron miles de personas que salieron a las calles, se destacaron por la multitudinaria congregación en las ciudades donde fue atendida la convocatoria. Un hecho positivo es que estas manifestaciones no se pueden atribuir a ningún partido o movimiento político, no podrían ellos levantar sus banderas para reivindicarse las protestas, obedecen más bien a las expresiones de inconformidad que se vienen dando en el mundo, especialmente en Latinoamérica, por las decisiones políticas de la clase dirigente.

Los hechos de violencia opacaron las causas de la protesta social en Colombia este 21 de noviembre de 2019. El ataque a la infraestructura del sistema de transporte público en Bogotá acaparó la agenda de la televisión nacional llevando a la ciudadanía un mensaje de desesperanza, zozobra y tristeza. El vandalismo, claramente desligado de la protesta, nació sin legitimidad y debe ser abordado con nuevas estrategias por parte de las autoridades nacionales y municipales. Bloquear vías e impedir la movilidad va en contra del derecho a circular libremente, que es un derecho humano.

Hoy voy a meterme en honduras filosóficas que tal vez no me salgan tan bien. Pero lo voy a intentar. El asunto es sobre esa idea tan preconcebida en el imaginario de muchas personas en la que el capitalismo ha absorbido las posibilidades de la felicidad. Y esto lo hago en el marco de las protestas que sacuden a Colombia en este momento, en donde los protestantes han sido tachados por los sectores más reaccionarios de ser “vagos”, “mantenidos”, “perezosos” y que “quieren todo regalado”. Los típicos reclamos que se le hacen a la izquierda en una paradoja extraña porque, al menos en los textos, la izquierda clásica representa a la clase trabajadora.

La protesta social es un derecho constitucional que se expresa de manera clara en el artículo 37 de la Carta de la siguiente manera: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho". Como pueden ver, las manifestaciones no necesitan justificación alguna desde el punto de vista legal y no existe una ley que las limite. Por supuesto, la protesta se debe hacer de manera pacífica y si se presenta alguna alteración del orden público existen normas y procedimientos para actuar según sea el caso. Por eso la legalidad de las protestas no está en discusión. La discusión está en su legitimidad.

¿Conoces esta historia? Tras la Segunda Guerra Mundial, un Japón devastado consiguió ser la potencia mundial de hoy gracias a una cosa: La mejora continua.

Los hechos ocurridos en el departamento del Caquetá, donde fue bombardeado un campamento de las disidencias de las Farc con la consecuencia lamentable de la muerte de menores de edad, dejan en evidencia que el reclutamiento de menores de edad es una práctica que está lejos de ser abolida en Colombia por parte de los grupos alzados en armas.